[PRONUNCIAMIENTO] Jornadas Regionales: Centroamérica, México y Estados Unidos

“Por los derechos de las personas migrantes desaparecidas y sus familias”

JORNADAS REGIONALES CENTROAMÉRICA, MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES DESAPARECIDAS Y SUS FAMILIAS

 Representantes de comités de familiares, organizaciones de la sociedad civil de México, Centroamérica y Estados Unidos, así como organismos internacionales de derechos humanos y asistencia humanitaria, reunidos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, del 6 al 8 de marzo de 2018, con el ánimo de impulsar mecanismos regionales para la búsqueda, identificación forense, acompañamiento psicosocial y acceso a la justicia de personas migrantes desaparecidas y sus familias, expresamos nuestra mirada y exigencias. Al realizar las Jornadas Regionales en el marco del Día Internacional de las Niñas y las Mujeres, el día de ayer 8 de marzo, queremos visibilizar los impactos más profundos y diferenciados que tiene la desaparición en las mujeres migrantes y sus familias, pero sobre todo, reivindicando los aportes en estas luchas, como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos y en otros espacios.

Los países de la región viven dinámicas migratorias de las más intensas del mundo, en un contexto de crisis estructural y humanitaria, que impacta de manera desigual y diferenciada a poblaciones de comunidades indígenas, campesinas, niñas, niños, jóvenes, mujeres, LGBTIQ, entre otras. A lo largo de las últimas décadas, la imposición del modelo neoliberal de despojo en América Latina, acompañado de una estrategia de seguridad hemisférica y nacional mediante políticas de control social y migratorio, provoca la invisibilización y criminalización de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas internas. Resulta evidente que la política migratoria mexicana de los últimos años es un actor clave en este contexto. El escenario descrito constituye una guerra contra la vida misma que escala a una situación generalizada e institucionalizada de corrupción, impunidad, graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esta lógica no se explica sin la colusión y participación del crimen organizado con las autoridades de distintos niveles de gobierno, teniendo un alcance transnacional.

Aunque no se reconoce suficientemente, una de las manifestaciones más graves de esta crisis, y deshumanizantes a su vez, es la desaparición de personas migrantes. A pesar de no poder tener cifras que nos permitan dar cuenta de la problemática real que enfrentamos, diversos informes y fuentes de organismos nacionales e internacionales nos permiten prever una cifra incalculable de decenas de miles de migrantes desaparecidos, reconocida como una tragedia humana. No obstante, constatamos una respuesta insuficiente por parte de los gobiernos de la región, que conlleva un incumplimiento de las obligaciones más elementales del Estado: salvaguarda de la vida y garantizar el respeto a los derechos humanos.

En el marco de este contexto adverso, los familiares de personas desaparecidas, han logrado la creación de comités de base que se articulan con organizaciones de la sociedad civil, aportando una fuerza sin precedentes a los movimientos sociales en la región. Sin duda, los comités de familiares de personas migrantes desaparecidas y las organizaciones que les acompañamos, hemos acumulado.

experiencias y conocimientos a partir de la coordinación y el intercambio de experiencias que resultan imprescindibles para enfrentar esta situación. Ejemplo de ello son la conformación de bancos o bases de datos forenses –locales y regionales-; mecanismos de búsqueda en vida, en fosas y servicios médicos forenses; exhumaciones de cuerpos de personas sin identificar; realización de caravanas y acciones públicas que entrelazan a la sociedades en distintos países; generación de herramientas de afrontamiento psicosocial y espiritual; entre otros. Una de sus contribuciones más relevantes son el impulso y discusión de contenidos sustantivos de la Ley General sobre Desaparición Forzada y Cometida por Particulares. Desde Centroamérica, y más tarde en Chiapas y Oaxaca, los comités de familiares de migrantes desaparecidos aportan a los procesos de la lucha común por los derechos a la verdad, la justicia y la memoria colectiva de nuestros desaparecidos en la región.

Las dimensiones de esta crisis humanitaria nos obligan a una respuesta cada vez más articulada y regionalizada para asegurar la implementación y cumplimiento de los marcos legales e institucionales, tales como los Bancos de Datos Forenses sobre Migrantes No Localizados, la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones estatales en México, entre otros mecanismos transnacionales de investigación y búsqueda con Estados Unidos y Centroamérica, asegurando en todo momento la participación y fiscalización efectiva por parte de comités de familiares y organizaciones especializadas.

De tal forma, vemos indispensable retomar el conjunto de las iniciativas y mecanismos civiles, cuyos conocimientos y aprendizajes sociales, científicos y antropológicos han posibilitado la ubicación con vida e identificación de cuerpos para cientos de familias en los países de la región, a lo largo de los corredores migratorios.

Esta lucha de largo aliento, nos da la oportunidad de un cambio de paradigma respecto a la tragedia de la desaparición de personas migrantes en la región, colocando a éstas y a sus familias al centro del debate y las acciones públicas, así como redimensionando la complejidad que esto ha implicado. Por ello, afirmamos que las estrategias de búsqueda y de identificación deben ser sensibles a las especificidades e integralidad de los fenómenos migratorios, partiendo de la participación desde abajo y la sabiduría ancestral de los pueblos. Asimismo, confirmamos que la efectividad y eficacia de toda iniciativa requiere la incorporación de un enfoque psicosocial, de género y culturalmente pertinente que fortalezca el protagonismo de los familiares, incluyendo en los mismos, los principios de no discriminación, y de interés superior de la niñez.

Igualmente importante es consolidar la coordinación interinstitucional al interior de los países y la cooperación transnacional en la región, considerando plenamente la diversidad de situaciones de desaparición y de contextos migratorios como factor clave en la implementación de la Ley General sobre Desaparición en México. En esta perspectiva, se hace indispensable y urgente concretar acuerdos y mecanismos de colaboración con el gobierno de Estados Unidos y de los estados fronterizos de este país, donde ocurre un número importante de desapariciones. Nos preocupa especialmente la imposición de medidas represivas y persecutorias de personas migrantes en el estado de Texas y Arizona.

El diálogo y las reflexiones generadas a lo largo de las Jornadas Regionales nos permitieron identificar un conjunto de desafíos para fortalecer la acción articulada y plantear nuestras exigencias a los gobiernos de la región:

  • Construir una estrategia, metodología e institucionalidad específica para la búsqueda e identificación de las personas migrantes desaparecidas, con mecanismos que garanticen: 1) la participación plena de familiares y organizaciones de la sociedad civil en su diseño, implementación, monitoreo y evaluación; 2) la transversalización de un enfoque integral y de derechos humanos; 3) la incorporación de sus experiencias y aprendizajes en los distintos dispositivos del Sistema y Comisión Nacional de Búsqueda; 4) la colaboración efectiva entre los gobiernos de México, EUA y Centroamérica, entre ellos y a través de la efectiva aplicación del Mecanismo de Apoyo Exterior; 5) la disposición de recursos técnicos, profesionales, materiales y financieros
  • Garantizar la inclusión de representantes de familiares de migrantes desaparecidos en el Consejo Ciudadano de la Comisión Nacional de Búsqueda, así como en las Comisiones estatales de Chiapas y Oaxaca, en cumplimiento de la Ley General sobre Desaparición Forzada y Cometida por Particulares, en los plazos establecidos en este año
  • Definir con claridad y armonizar las relaciones entre la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y la Fiscalía Especializada en la actual Procuraduría General de la República, para evitar la confusión de sus funciones y la dispersión de los recursos y
  • Fomentar espacios para la promoción y participación social para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe del Grupo de Trabajo de la ONU sobre personas migrantes
  • Garantizar y concretar la incorporación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas al convenio del Banco de Datos Forenses sobre Migrantes No Localizados del Estado de Chiapas (BDF-Chiapas), en el ejercicio de sus funciones, a fin de dar respuesta a familiares de migrantes desaparecidos en la región.
  • Crear e implementar de manera inmediata el Registro de Fosas Federal y estatales de Chiapas y Oaxaca, garantizando la incorporación de los Bancos de Datos Forenses de Migrantes No Localizados de esos estados, con la finalidad de identificar a personas migrantes desaparecidas, dando respuesta así a las familias centroamericanas y mexicanas en la búsqueda de sus familiares migrantes desaparecidos en esa región.

¡LUCHAREMOS EN LOS PAÍSES DE LA REGIÓN POR NUESTROS DERECHOS A LA VERDAD, JUSTICIA, REPARACIÓN INTEGRAL, NO REPETICIÓN Y MEMORIA COLECTIVA… HASTA ENCONTRARLES!

 

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[JORNADAS REGIONALES] "Por los derechos de las personas migrantes desaparecidas y sus familias"

 [Diálogo público interinstitucional sobre acciones de vinculación]

 

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