Miles de personas jornaleras indígenas migrantes se desplazan cada año desde el sureste mexicano a los campos agrícolas del Noroeste. Su camino contiene múltiples historias de exclusión e indiferencia de la sociedad, de las empresas y de los gobiernos. Forzados a migrar por la precariedad de la vida en sus comunidades de origen, las y los Jornaleros cruzan el territorio nacional exponiéndose a los abusos de autoridad, accidentes, extorsiones, asaltos, muerte. Llegan a los lugares de destino en Sonora, Sinaloa, Baja California y de nuevo aparecen las expresiones del despojo… aquellas que atentan contra la posibilidad de tener un trabajo que dignifique la existencia. Además de bajos salarios, jornadas extenuantes, pésimas condiciones laborales, exposición grave a los agroquímicos, maltratos físicos y verbales la población jornalera que no tiene acceso a vivienda en los campos agrícolas, tiene que quedarse en los albergues del estado cuyas condiciones son deplorables, donde reciben regaños, abusos, amenazas, racismo, indiferencia y por si fuera poco cobros indebidos. Los albergues ejemplifican una más de las situaciones que violentan los derechos de las personas jornaleras, ni gobiernos ni empresas asumen sus responsabilidades; mientras tanto en el albergue de Escuinapa, Sinaloa, cuatro bebés hijos de familias jornaleras murieron en el último mes debido a las condiciones de miseria en que se encuentran estos espacios administrados por SEDESOL.
COMUNICADO DE PRENSA
La inoperancia de las autoridades en los Estados de destino y la irresponsabilidad de agricultores han llevado al incremento de las condiciones insalubres en los albergues reservados para miles de trabajadores/as migrantes jornaleras agrícolas internas en México
- El Estado mexicano es omiso frente a la realidad que viven las familias jornaleras, se ocupa en la firma de “convenios para continuar erradicando el trabajo infantil” al cual debería agregar el dignificar las condiciones de vida, de trabajo, salud y alimentación de las personas migrantes jornaleras agrícolas y sus familias.
- Autoridades municipales, estatales y federales mantienen en el abandono institucional los albergues destinados para las y los trabajadores migrantes jornaleros agrícolas y sus familias, situación que se ha agudizado por la falta de inspecciones de las condiciones en las que se encuentran.
- El albergue de Isla del Bosque, en Escuinapa, Sinaloa, tiene sanitarios-regaderas-lavaderos, pero en total deterioro y en condicione indignas, además concentra aguas residuales que son foco de infección para las familias jornaleras que ahí viven.
- Por ese deterioro lamentablemente en un mes han muerto cuatro bebés, hijos de familias jornaleras indígenas migrantes. Ante ello las autoridades atribuyen las defunciones “bajo sospecha de omisión de cuidados”.
Ciudad de México, 19 de febrero de 2018.- De enero de 2017 a febrero de 2018, el albergue destinado para que vivan las y los trabajadores migrantes jornaleros agrícolas y sus familias que llegan a laborar en los campos de cultivo circunvecinos a Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, presenta un abandono institucional, reflejado en las condiciones de vida y salud de las familias jornaleras, con el severo deterioro de sus instalaciones, principalmente sanitarios, lavaderos y regaderas, así como el drenaje, tomas de agua, galeras, la escuela y guardería.
Como Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (RENACJJA) nos encontramos realizando una documentación de varias situaciones que evidencien violaciones a los derechos humanos de las personas jornaleras en México. Por lo que el domingo 11 de febrero la Red realizó un recorrido por el albergue, después de haber recibido denuncias anónimas vía facebook, así como el monitoreo a notas periodísticas de medios locales que retomaron el tema. El albergue es un espacio destinado desde hace 19 años aproximadamente para las personas jornaleras que arriban a la zona para los ciclos agrícolas.
Durante el recorrido por el lugar junto con algunas familias que ahí habitan, quienes compartieron sus testimonios (hombres, mujeres, niñas, niños y un adulto mayor) pero todos de manera anónima, encontramos lo siguiente:
- Olores fétidos, alrededor de 10 concentraciones de aguas negras en coladeras que están cubiertas de agua y basura, todas están destapadas (siendo un riesgo para los/as niños y niñas), se ubican cercanas a las coladeras de las regaderas, en las tomas de agua, en las áreas de juego de las niñas y niños, en el preescolar, en las áreas cercanas a las viviendas-sanitarios-regaderas.
- A las familias (independientemente del número de sus integrantes) que habitan tres viviendas se les asigna un sanitario y una regadera para su uso. Cada puerta está numerada con los números de los cuartos. Se ubicó un sanitario que es utilizado por los integrantes de cuatro cuartos porque su sanitario regresa el agua después de que se jala la palanca.
- De las 24 regaderas registradas, todas están sin alumbrado, les faltan tomas de apagado-encendido, focos, la base de la regadera, algunas les faltan las llaves o presentan inundaciones porque las coladeras están tapadas, los espacios de las regaderas presentan humedad, moho, puertas oxidadas y algunas están desprendidas o sujetadas con cuerdas.
- Algunos sanitarios o regaderas están cerrados con candados, medida que han tomado quienes las ocupan debido a las pésimas condiciones del drenaje de las demás, para así evitar el uso desproporcionado de las mismas.
- Acumulación de basura, aunque las personas siguen las indicaciones de recolección de acuerdo con el reglamento interno del lugar, el camión de la basura demora de una semana hasta 15 días o más en pasar por la basura, la cual está expuesta muy cerca de los ductos del drenaje.
- Se encuentran tres tinacos de agua (no saben si es potable o no, pero son las pocas tomas de agua con las que cuenta el lugar) semienterrados, uno de ellos roto de la parte superior y tiene una manguera que sirve para llenar las cubetas o botes con agua. Están cubiertos por tierra y moho. Los tinacos se ubican en el área de juegos del preescolar. El día de la visita había más de 6 niños jugando en estos espacios, siendo nocivo para su salud y de riesgo para los niños y niñas.
- La guardería atiende aproximadamente a 40 niños/as, pero algunos manifestaron recibir una atención violenta por parte de la responsable. En ocasiones se quedan dormidos solos en los cuartos de la guardería sin la vigilancia de alguna de las niñeras, aunque manifestó una de ellas que ha sido por indicaciones de la responsable de la guardería.
- El albergue cuenta con un preescolar y primaria, ésta última es atendida de manera regular por CONAFE.
- Algunas puertas de las viviendas, las han tenido que sujetar con cuerdas sus habitantes, debido a su mal estado, algunas viviendas no cuentan con focos o está en mal estado el sistema de luz y ha tenido que ser reparado por los jornaleros a pesar de su desconocimiento sobre electricidad.
- Cada semana (días sábados) tienen que pagar una cuota de $100.00 pesos a una mujer jornalera que habita en el albergue y es responsable de la guardería, pero por indicaciones del encargado del lugar. De julio a octubre de 2017, cuando el trabajo es escaso en la zona, se les cobraba $70.00 pesos, aunque las familias no estuvieran trabajando o estuvieran en otro estado laborando, sólo por dejar sus pertenencias tenían que depositar el monto de dinero en una tienda “Oxxo”. El pago de esas cuotas no se ve reflejado en el mantenimiento de las áreas. Los albergues que son administrados por la Secretaría de Desarrollo Social no deben ser objeto de cobro, pues es resultado de una política social.
- El encargado del albergue les asignaba cada 15 días a las familias jornaleras la limpieza del albergue (principalmente aquellos/as que van a trabajar a los campos los fines de semana), en caso de no acudir se les cobra una multa de $100.00 pesos, en algunas ocasiones algunas familias han tenido que desocupar los cuartos por no pagar las multas.
- Los niños y niñas pagan una cuota por sus alimentos, sin embargo, si alguno llega después de la hora de la comida, reciben un trato violento por parte de la responsable del lugar. Algunos niños prefieren no pedir los alimentos a pesar de que sus padres pagaron las cuotas: $50.00 pesos diarios por cada niño o niña (3 niños/as en total); $20.00 pesos diarios por 1 niño/a; y $5.00 pesos diarios por cada niño/a que se quedan en los cuartos y que van a la guardería por sus alimentos.
- Los 13 lavaderos están cubiertos de humedad, moho y basura. Cerca del área se concentran aguas negras que escapan de las tuberías o que cae de las piletas.
- La planta potabilizadora de agua dejó de funcionar hace meses.
Las familias manifestaron que estos hechos comenzaron a presentarse en enero de 2017. Muy pocos lo denunciaron en la página de facebook del DIF de Mazatlán, pero no recibieron respuesta a pesar de que los atendieron en un inicio.
Asimismo, lo expusieron al encargado del albergue (Ing. Daniel Palomares) y a la persona encargada de la guardería, pero no han atendido sus demandas bajo una serie de excusas, malos tratos, amenazas, intimidaciones y fuertes medidas de control por parte de la persona de la guardería, llegando a buscar la “salida voluntaria” de las personas para que desalojen los cuartos. Hay temor por su seguridad o por cualquier represalia que pueda surgir.
El lunes 12 de febrero una representante de la Red se entrevistó con la directora del DIF y el Procurador del Menor del municipio de Escuinapa, ambos comentaron que tiene 20 días que asumieron el cargo y que están retomando varios pendientes. Se sorprendieron de la situación expuesta, sin embargo, el tema no es nuevo. Comentó la directora que iban a hacer un recorrido por el lugar. Se tuvo una entrevista con la responsable del PAJA de la Sedesol federal en Culiacán, comentó que efectivamente el cambio de administración municipal, un proyecto que no les han aprobado y los cambios en el programa ha retrasado y agudizado la situación, pero quedó de ver el tema en los siguientes días.
Sabe de las condiciones del lugar. Sin embargo, este fin de semana se presentó el nuevo encargado del albergue de nombre Jonathan, quien aseguro “que las cosas van a cambiar”.
Los niños manifestaron al igual que sus padres que se han enfermado de diarrea, conjuntivitis, vómito, salpullido por el ambiente insalubre del lugar. Pero no solo afecta a los/as niños/as, sino a la población en general que ahí habita, incluyendo a mujeres embarazadas. El albergue no cuenta con un módulo de salud, en caso de requerir atención médica tienen que acudir al Centro de Salud.
El albergue está habitado por aproximadamente 700 personas originarias de 5 estados (Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Guanajuato), todas ellas trabajadores/as agrícolas migrantes. El albergue está compuesto por 72 cuartos distribuidos en tres galeras y cuenta con un patio central. En la entrada hay un reglamento interno que expone más de 20 puntos como obligatorios para sus habitantes, pero ninguno hace alusión a la responsabilidad institucional.
El jueves 15, uno de los informantes comentó a la Red que la mujer que está encargada de la guardería acudió por la tarde a sus viviendas para cobrarles los $100. 00 de la cuota semanal, le externaron que “ésa se pagaba el sábado y no hoy”, se retiró, pero regreso más tarde insistiendo que se la tenían que pagar porque ya se iba a ir el encargado (Ing. Daniel Palomares) del albergue y no iba a regresar. Algunas familias se negaron y no dieron el pago, por lo que ella amenazó a nuestro informante, argumentado: que ya lo tenía ubicado al igual que a nosotros (la Red), y “que esto apenas empieza y que me voy acordar de ella” (se refería al informante).
Con lo expuesto anteriormente, nos preocupa que los próximos días 20 y 21 de febrero se estará firmando un convenio de colaboración entre los estados de origen y los de destino de personas trabajadoras migrantes agrícolas con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en Rosarito, Baja California, en el marco de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo. Como Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, externamos que: No se puede atender la problemática que viven las y los jornaleros agrícolas y sus hijos/as a través de la firma de un acuerdo entre los estados expulsores de estos trabajadores, las entidades que los reciben y la Secretaría del Trabajo, que tiene como uno de sus puntos prioritarios vigilar que no haya mano de obra infantil en los campos de cultivo infantil y revisar las condiciones en que laboran las y los jornaleros agrícolas.
La firma de convenios no es suficiente cuando sólo se enfocan en puntos específicos y coyunturales, pero no en las condiciones estructurales, porque el tema ya lo conocen, no es una novedad “revisar las condiciones” y asegurarse que no haya niños/as en los campos. La gravedad del tema es que, en varios campos agrícolas, en la gran mayoría de los albergues o en sus lugares de origen no cuentan con escuelas, maestros bilingües, becas escolares, así como de alternativas integrales para su desarrollo. Eso, por un lado, pero por el otro, en los estados receptores se han registrado diversas irregularidades en los albergues destinados para las personas jornaleras, entre ellos la muerte de bebés. Recientemente de enero a febrero de 2018, se suscitaron cuatro defunciones de bebés en albergues del municipio de Guasave, en Sinaloa, las autoridades atribuyeron los decesos a “bajo sospecha de omisión de cuidados”, sin que el tema cobrara la relevancia que amerita.
Las modificaciones que se hicieron a la fracción III del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por el que se elevó de 15 a 16 años la edad mínima para trabajar, es una medida que lejos de conseguir la erradicación del trabajo infantil, alienta el empleo informal y desatiende las responsabilidades internacionales del Estado mexicano contenidas en el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil que reconoce que, para proteger a los niños/as se requiere de respuestas integradas que incluyen empleos y trabajo decente para sus padres y medidas de protección social que les ayuden a mantener a sus hijos/as en la escuela.
El Estado mexicano se ha retirado como garante de derechos en el ámbito de las relaciones laborales que se dan en los campos agrícolas, la política social asociada a la atención de las familias jornaleras termina siendo el paliativo que asegura que la mano de obra barata siga fluyendo en beneficio de las empresas agrícolas.
Ante ello, la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas exhorta al Poder Ejecutivo en Sinaloa a:
- Comprometerse a implementar medidas urgentes y que se efectúe lo relativo al diseño de un Plan Integral de Atención a las personas trabajadoras migrantes jornaleras y sus familias, así como otorgar garantías de protección integral principalmente en el tema de albergues (condiciones de vida) y de condiciones dignas de trabajo, así como el acceso a la justicia cuando sea necesario.
- Comprometerse de que el municipio de Escuinapa, la Secretaria de Desarrollo Social y del Trabajo, tracen o bien si ya las tienen profundicen sus acciones y políticas públicas diseñadas para la población jornalera, bajo una perspectiva intercultural y de protección a los derechos humanos, principalmente lo relativo al tema de los albergues (condiciones de vida) y de las condiciones dignas de trabajo.
Se exhorta al Ejecutivo federal a:
- Realizar un análisis de factibilidad para determinar los requerimientos y recursos necesarios para una evaluación de impacto de los programas sociales diseñados para la atención de la población jornalera. En el cual se tenga participación de personas jornaleras, académicos y organizaciones de la sociedad civil.
- Realizar una evaluación y seguimiento del impacto social de los programas oficiales diseñados para el combate y erradicación del trabajo infantil en las zonas agrícolas.
- Que la Secretaría de Educación garantice el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes jornaleros, tanto en los campos agrícolas como en su lugar de origen y sea evaluado dicho desempeño.
- Que la Secretaría de Desarrollo Social revise el esquema de albergues, guarderías y/o estancias infantiles que cumplan con estándares mínimos de dignidad, para que se garanticen de forma gratuita y se informe a la población jornalera sobre los servicios que brindan.
- Que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y SEDESOL diseñen un marco jurídico claro sobre los mínimos que deben cubrir los albergues, no sólo para garantizar condiciones dignas de vida, que facilitan el desarrollo laboral de las y los jornaleros sino también para evitar siniestros y enfermedades.
- Que la Comisión Intersecretarial conformada para la erradicación del Trabajo Infantil, así como los diferentes Grupos Intersecretariales de atención a la población jornalera, establezcan y socialicen con claridad las políticas públicas que instituirán para hacerle frente al desempleo de los jóvenes menores de 16 o 18 años que tienen hijos/as.
Se exhorta a las Comisiones o Procuradurías de Derechos Humanos estatales de los lugares de origen y de destino de la mano de obra migrante jornalera a:
- Que asuman su papel para salvaguardar los derechos humanos de las personas trabajadoras migrantes jornaleras indígenas y rurales y sus familias, así también dar seguimiento de las condiciones de vida y de trabajo de las personas jornaleras.
- Que vigilen la respuesta de las autoridades competentes en la atención y protección integral de las personas jornaleras en los estados de destino.
- Que generen mecanismos de verificación cuando se presenten irregularidades en los albergues, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de estándares mínimos en las condiciones de vida, trabajo, salud, alimentación y del respeto absoluto de los derechos humanos y laborales para las y los migrantes jornaleros agrícolas y sus familias.
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Margarita Nemecio
Coordinadora General de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas
Mayela Blanco
Área de Comunicación
Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas
Cel: 5532731554
Email: mayela.blanco.rmz@gmail.com
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