[MEDIDAS CAUTELARES] Para caravana migrante proveniente de Centro América en crisis humanitaria. MÉXICO.

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21 de octubre de 2018

Dr. Paulo Abrão
Secretario Ejecutivo
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
1889 F St., N.W.
Washington, DC
20006

Medidas cautelares para caravana
migrante proveniente de Centro
América en crisis humanitaria.

MÉXICO.

Distinguido Dr. Abrão:

El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C., el Servicio Jesuita a Refugiados y el Servicio Jesuita a Migrantes México, Iniciativas para el Desarrollo Humano IDH, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, A.C. y Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C., la Organización de Apoyo a una Sexualidad Integral frente al Sida, OASIS (Guatemala), la Asociación Colectiva de Mujeres por el Desarrollo Local (El Salvador), Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), la Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norte América (RJM CA&NA), el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) y la Red latinoamericana y caribeña por la defensa de niñas niños y adolescentes, nos dirigimos (REDLAMYC), a Usted, a fin de presentar ante la Ilustre Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”), de conformidad con los artículos 106 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 41.b de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 18.b del Estatuto de la CIDH, 25 y correspondientes del Reglamento de la CIDH, una SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES para evitar daños irreparables a las más de 7,000 siete mil personas (aproximadamente), que forman parte de la caravana migrante proveniente de Centro América y las personas defensoras de derechos humanos que les asisten en su trayecto, con base en los siguientes apartados:

A. SOLICITUD MEDIDAS CAUTELARES

Los peticionarios solicitamos a la Honorable Comisión Interamericana que otorgue medidas cautelares a favor de las más de 7,000 siete mil personas (aproximadamente), que forman parte de la caravana migrante proveniente de Centro América, conformada por niños y niñas acompañados y no acompañados, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros, y a las personas defensoras de derechos humanos que les acompañan en el trayecto, debido: 1) al riesgo inminente de que sufran daños irreparables a sus derechos a la integridad personal y a la vida; 2) riesgo inminente de detenciones arbitrarias bajo la figura del resguardo migratorio; 3) riesgo inminente de deportaciones masivas; 4) riesgo inminente de denegación de acceso al procedimiento de reconocimiento de refugio y devoluciones inmediatas en frontera; y 5) riesgo inminente de tratos crueles, inhumanos y tortura.

1. Identificación del grupo propuesto como beneficiario de las medidas. Arículo 25.4 A) del reglamento de la CIDH.

Los potenciales beneficiarios de las medidas solicitadas son: más de 7,000 siete mil personas (aproximadamente) que forman parte de la “caravana migrante proveniente de Centro América”, de las cuales más del 30% son niñas y niños, y otro 30% corresponde a mujeres.¹ Sin embargo, esta cantidad no determina en su totalidad aquellas personas con necesidad de protección internacional y a ser beneficiarias de medidas cautelares, ya que el número puede ser mayor por las circunstancias de la actual crisis humanitaria (artículo 25, inciso 3). Así mismo, las personas defensoras de derechos humanos que les acompañan en la documentación del caso forman parte del grupo de potenciales beneficiarios.

2. Descripción detallada y cronológica de los hechos que sustentan la solicitud de conformidad al artículo 25.4 inciso b) del reglamento de la CIDH.

Contexto en Centroamérica y riesgos que enfrentan las personas migrantes y solicitantes de asilo en México

La caravana migrante, como se ha dado a conocer al éxodo de personas de origen centroamericano forzadas a migrar fuera de sus países, que en este momento enfrentan una de las mayores crisis humanitarias de la historia actual en la región, es producto de las situaciones de la violencia política y social que ha caracterizado a los países de Centro América, en la búsqueda de asilo, seguridad y una vida digna.

Como lo ha señalado la propia Comisión, la situación de violencia generalizada que afecta a países de la región también ha llevado a que muchas personas se vean forzadas a migrar de sus países de origen como consecuencia de temores fundados de persecución.² De acuerdo con ONUDD, existen diversos factores tales como los conflictos armados, los gobiernos autoritarios, la alta desigualdad en los ingresos, la facilidad para disponer de armas, la urbanización caótica, el cambio climático que ha aumentado los desastres naturales, los altos niveles de impunidad, la existencia de “maras” (pandillas juveniles locales), así como el crimen organizado y el tráfico de drogas conllevan a que los países de Centroamérica sean más vulnerables al crimen y la violencia.³

En particular, es sabido que Honduras atraviesa una grave crisis de seguridad, desigualdad estructural y violaciones a derechos humanos en contexto de impunidad, lo que ha ocasionado la expulsión de personas de su país que en muchos casos podrían ser sujetas de protección internacional. Como lo constató la propia Comisión en su visita in loco que tuvo lugar en agosto este año, en el país se viven altos niveles de desigualdad estructural y exclusión social que afecta de manera desproporcionada a grupos en situación de vulnerabilidad, “específicamente, se continúa observando graves dificultades y desafíos en el acceso a necesidades básicas, oportunidades de empleo, bienes naturales como la tierra y medios de supervivencia”. Además, existe un incremento de la participación de las fuerzas militares en la seguridad pública, recibiendo la CIDH información “preocupante respecto del involucramiento de agentes militares en asesinatos, ejecuciones, secuestros y detenciones arbitrarias en contra de civiles y el desplazamiento forzado de civiles.” Para la CIDH la situación del país, afecta de manera particular a pueblos indígenas y afrodescendientes; personas desplazadas internamente; migrantes, personas con necesidad de protección internacional, y retornados.⁴

Es en este contexto que diversas personas se encuentran obligadas o forzadas a dejar su lugar de origen en búsqueda de mejores condiciones de vida e incluso para sobrevivir a los riesgos que enfrenta su vida e integridad en sus países. Es así que se enfrentan a la necesidad de migrar en condiciones adversas y de extrema vulnerabilidad.

Cronología de los hechos sobre la Caravana migrante proveniente de Centroamérica

13 de octubre 2018. La “caravana” de personas migrantes sale de Honduras con dirección a Guatemala. El fin de las personas que la integran es, en principio salir de su país su origen, para llegar a México y principalmente a Estados Unidos, en búsqueda de refugio. Hasta este momento se estimaba que cerca de 3 mil personas la integraban, incluidos niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos no acompañados.

De acuerdo con testimonios de algunas personas migrantes, la convocatoria para salir en “Caravana” fue publicada en distintas redes sociales en Honduras.⁵

15 de Octubre. El grupo de migrantes cruza la frontera con Guatemala, sin que existiera oposición por parte del gobierno guatemalteco.

Este mismo día el Instituto Nacional de Migración (INM) señaló que impediría el ingreso a México a la personas que integran la “caravana”, ordenando a su personal a revisar el cumplimiento de los requisitos de ley para poder ingresar, a las personas que no los cumplan se les impedirá el paso. Asimismo afirmó su compromiso con el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, como parte de la política central del gobierno mexicano.

16 de octubre. El Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco, señaló a distintos medios de comunicación, que las personas migrantes que salieron de Honduras, tendrían paso libre por Chiapas. Asimismo señaló que sus derechos humanos serían respetados.

16 de octubre. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), mediante oficio CNDH/QVG/63485/2018, solicitó la implementación de medidas cautelares a favor de las personas migrantes que estaban a punto de arribar a México. Dichas medidas fueron dirigidas a Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a Patricia Martinez Cranss, Sub secretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Pablo Antonio Kuri Morales, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Gerardo García Benavente, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Jesús Naime Libién, Titular del Sistema Nacional DIF. Luis Enrique Guerra García, Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Mario Carlos Culebro Velasco, Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad y Promoción Ciudadana del Estado de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, Secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas, Leticia Guadalupe Montoya Liévano, Encargada de Despacho de la Secretaría de Salud del Chiapas, Juan Pablo Pinto Gómez, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, Claudia Guadalupe Castellanos Galdamez, Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y de la familia en el Estado de Chiapas, Oscar Gurría Penagos, Presidente Municipal de Tapachula, Chiapas y Sonia Elonia Hernández Aguilar, Presidenta Municipal de Suchiate, Chiapas.

17 de octubre. Arribaron a Tapachula, Chiapas dos aviones de la Policía Federal y cerca de 244 elementos destinados a reforzar la seguridad en la frontera, así como el trabajo del INM.

De manera paralela el gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco, señaló que la entidad estaba lista para atender en sus albergues a los niños y mujeres de la caravana migrante que tuvieran en orden su situación jurídica, subrayando que corresponde al INM verificar la situación migratoria de las personas y no a las autoridades estatales.

El gobierno federal, por su parte, advirtió que toda persona que ingrese de manera irregular al país, será sujeta a procedimiento administrativo y será deportada.

18 de octubre. El Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, manifestó la importancia de que el gobierno mexicano cumpla con el principio de congruencia en materia migrante, garantizando el respeto de los derechos humanos, la situación en la que se encuentran los miles de migrantes que integran la caravana de centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos. Agregó que México, en cumplimiento de los términos de derechos humanos, debe dar información sobre los derechos que asisten a los migrantes, precisar cuáles son las situaciones en donde procesa la protección internacional y que desde luego, exista asistencia humanitaria en temas de salud.⁶

18 de octubre. En un comunicado conjunto, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Gobernación, anunciaron que el gobierno mexicano, en este mismo día, solicitaría apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para que en coordinación con las autoridades competentes de Honduras, Guatemala y El Salvador, y en conjunto con el INM y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), acompañe la atención de posibles solicitantes de refugio que pudieran presentarse en la frontera sur de México.⁷

Ambas secretarías señalaron que la solicitud tiene como objetivo contribuir a una solución de carácter humanitario, apegada al marco legal, respetuosa de los derechos humanos, transparente y con el concurso de la comunidad internacional, a través de las instancias correspondientes de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, esta medida busca garantizar la seguridad e integridad de los migrantes, particularmente la de los menores de edad, los adultos mayores y las mujeres, y evitar que las personas sean engañadas por organizaciones criminales internacionales dedicadas al tráfico de personas, que ponen en peligro sus vidas.

19 de octubre. El gobernador de Chiapas, señaló que se habían instalado 7 albergues en la frontera para brindar atención a niños y mujeres migrantes, así una Fiscalía Especializada para la atención de los delitos de los que pudieran haber sido víctimas. Reiteró que “A los migrantes que entren de manera regular a nuestro país, como gobierno del estado les estamos dando nuestro apoyo, un trato digno en nuestro estado, respetando sus derechos humanos”.

Asimismo, señaló que resultaba de vital importancia salvaguardar la seguridad de la frontera sur de México, ya que existen bandas delictivas de centroamericanos, que generan delincuencia por que se llevaría a cabo un operativo conjunto con el INM.

19 de octubre. ACNUR informó que se encontraba reforzando su capacidad en el sur de México para brindar asistencia humanitaria, psicosocial y asesoría legal a los solicitantes de asilo, así como para atender situaciones específicas de protección que puedan surgir, principalmente entre niñas, niños, adolescentes, mujeres y ancianos.⁸

Por otra parte, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) señaló que los gobiernos estatales deben cumplir sus obligaciones internacionales y respetar las garantías fundamentales de quienes participan en la caravana, igual que los gobiernos de los países por donde avanza dicha caravana, sin importar el estatus migratorio de sus integrantes.⁹

19 de octubre. Cientos de personas migrantes lograron brincar las vallas del control fronterizo que separa a Guatemala de México. Después de horas de tensión, y hacinamiento en el puente internacional Rodolfo Robles, mismas que pasaron bajo un sofocante calor, el grupo de personas migrantes lograron pasar el primer cordón policial guatemalteco y consiguieron llegar hasta el puente internacional que une a Guatemala con México.

Sin embargo al acercarse a territorio mexicano, fueron recibidas con gas lacrimógeno que fue disparado por parte de elementos de la Policía Federal, al mismo tiempo sobrevolaban en dicho lugar, helicópteros de los cuerpos policíacos, provocando miedo en las personas que se encontraban en el puente internacional.

Las organizaciones de sociedad civil que se encontraban a 50 metros del lugar no pudieron acercarse más para documentar, debido a que les impidieron el paso; sin embargo, afirman que se escuchaban gritos y llantos, entre ellos de niños y niñas que se encontraban en el lugar. Posteriormente a esto, las personas fueron formadas, pasando hacia adelante a mujeres, niños y niñas para que pudieran ingresar de forma “ordenada” a México.

Debido a la desesperación muchas personas se aventaron al río para intentar llegar a México. Otras personas permanecieron en el puente toda la noche, sin que recibieran asistencia humanitaria. Algunos otros decidieron regresarse a Honduras y fueron ayudados con camiones por el gobierno guatemalteco.¹⁰

Este mismo día el Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, informó que INM y la Policía Federal atienden a todos los extranjeros que pretenden, de manera ordenada y segura, ingresar a territorio nacional. Señaló que se encuentran en disposición de recibir las solicitudes de los migrantes hondureños para darles trámite conforme a la ley. Reiteró que el personal de la Policía Federal y del INM se encuentra desarmado, por lo que toda forma de violencia en su contra, rompe los acuerdos alcanzados en días anteriores.¹¹

Por su parte el Comisionado Nacional de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, afirmó que la Policía Federal recuperó el orden y la paz en el puente fronterizo entre México y Guatemala, luego del caos que se vivió, debido al arribo de la “caravana” de migrantes. Afirmó que “era la prioridad recuperar la tranquilidad y el orden y se logró” por lo que se organizó a las personas migrantes para permitir una migración ordenada, pacífica y legal. ¹²

20 de octubre. A través de un mensaje en video el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, reconoció “la gran vulnerabilidad” de los migrantes centroamericanos que buscan atravesar el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos. Peña Nieto recordó que las autoridades de migración informaron que toda persona que desee ingresar a territorio mexicano podría hacerlo “si cuenta con documentos de viaje y una visa concedida por México” y que “toda persona que ingresara al país podría solicitar individualmente el reconocimiento como refugiado”. El presidente lamentó la “situación inédita” en el paso fronterizo entre Ciudad Hidalgo, Chiapas y Tecún Umán, Guatemala, cuando “un numeroso contingente intentó ingresar de manera irregular a territorio mexicano, agrediendo e incluso lastimando a varios elementos de la Policía Federal que se encontraban desarmados“. ¹³

20 de octubre. El Ayuntamiento del Suchiate informó que, de acuerdo a sus registros habían ingresado a México el siguiente número de personas de acuerdo a su género y edad: hombres 2,622 mujeres 2,234, niños 1,070 y niñas, 1,307. Total. 7,233

De acuerdo con información de organizaciones de la sociedad civil, las personas que han ingresado a México han sido trasladadas en camiones a la Estación Migratoria “Siglo XXI” y al campamento instalado en la Feria Mesoamericana.

Según información de medios de comunicación, los primeros cuatro camiones que fueron trasladados de Suchiate a Tapachula, fueron llevados a la Estación migratoria Siglo XXI, cada uno llevaba a por lo menos 40 personas.

20 de octubre. La CNDH presentó una ampliación de medidas cautelares en virtud de la situación en que se encuentran las personas que permanecen en el puente internacional Rodolfo Robles, debido a la falta de asistencia humanitaria, lo cual ha provocado que muchas de ellas presenten síntomas de deshidratación. Dicha ampliación fue dirigida a Rafael Adrián Avante Juárez, Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, a Patricia Martínez Cranss, Sub secretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Pablo Antonio Kuri Morales, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Gerardo García Benavente, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Jesús Naime Libién, Titular del Sistema Nacional DIF. Luis Enrique Guerra García, Procurador Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Mario Carlos Culebro Velasco, Encargado de Despacho de la Secretaría de Seguridad y Promoción Ciudadana del Estado de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, Secretario de Protección Civil del Estado de Chiapas, Leticia Guadalupe Montoya Liévano, Encargada de Despacho de la Secretaría de Salud del Chiapas, Juan Pablo Pinto Gómez, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, Claudia Guadalupe Castellanos Galdamez, Procuradora de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y de la familia en el Estado de Chiapas, Oscar Gurría Penagos, Presidente Municipal de Tapachula, Chiapas y Sonia Elonia Hernández Aguilar, Presidenta Municipal de Suchiate, Chiapas.

De esta solicitud se desprende, además, que cientos de personas han sido conducidas a la Estación Migratoria “Siglo XXI” para su pre registro y luego ser trasladados a un albergue ubicado en Tapachula, Chiapas.

20 de octubre. De acuerdo con información de las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran monitoreando la “caravana”, durante la noche poco más de 500 personas, cruzaron la frontera en balsa a través del río Suchiate, aprovechando al no haber que en ese momento no había personal de migración ni fuerzas armadas que impidieran el paso por esa vía. Asimismo señalan que se detecta una gran necesidad de atención médica para las mujeres embarazadas y los niños, si bien el personal de la Cruz Roja les indica que vayan al hospital, las personas no saben a dónde dirigirse, qué hacer, ni cómo actuar, hay una gran necesidad de información para la población local que desea ayudar y para los migrantes.

De acuerdo con información obtenida del Centro de Salud, del grupo Beta y del módulo de atención del Albergue Temporal, los principales padecimientos que han atendido son: deshidratación, contusiones, lesiones musculares, dolores de cabeza, diarreas, desmayos, cuadros de agotamiento general.

En Ciudad Hidalgo, Chiapas, son las personas de la comunidad quienes están proporcionando agua y alimentos a las personas de la caravana hondureña que se encuentran en ese lugar, el Grupo Beta reparte en el puente internacional algunas donaciones que les han llegado.

20 de octubre. El Director de Protección Civil de Tapachula, Chiapas, dio una conferencia de prensa, reportó que había a 340 personas aproximadamente en las instalaciones de la Feria Mesoamericana. Que iban a permitir el ingreso de 300 personas por día por el puente, hizo un llamado para el acopio de víveres y dice que el censo y registro lo está realizando el INM, refiere que la mayoría son jóvenes y que estaban siendo ubicados como refugiados, que activaron nivel de contingencia, por el fenómeno migratorio. También informó que el albergue temporal de la Feria Mesoamericana está siendo considerado como una extensión del recinto de la Estación Migratoria “Siglo XXI” y tiene características distintas a los otros albergues de protección civil tiene un control conforme a las normas federales de la “Siglo XXI”. Es decir que las personas que se encuentran dentro de la Feria Mesoamericana tienen restringida su libertad.

21 de octubre. Desde el 19 de octubre cientos de personas permanecen varadas en el puente internacional que une a México con Guatemala.

De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil que se encuentran monitoreando esta situación, las personas permanecen en el puente sin suficiente agua, alimentos ni posibilidades de ir al baño, soportando elevadas temperaturas durante el día. Entre este grupo de personas se encuentran niños y niñas. La situación ha llegado a tal desesperación que incluso niños han brincado hacía el río para lograr cruzar a México.

21 de octubre. De acuerdo con información de Médicos del Mundo tiene la cifra de que en Tecun Uman, Guatemala hay cerca de 1,300 personas en el puente esperando cruzar hacia México.

Un aproximado de 1,000 personas en Tecun Uman que esperan pasar pero no han querido cruzar con la caravana por miedo a lo que está pasando. Además 783 personas fueron deportadas desde Tecun Uman a Honduras y 200 personas más están esperando deportación.

Igualmente se identificó que Personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de policías federal, estatal y municipal, contrario a la información oficial que ha circulado, han obstaculizado el acceso a territorio mexicano bajo diversos medios y gestionando únicamente el ingreso bajo la condición de someterse a una detención migratoria.

B. SITUACIÓN DE GRAVEDAD, URGENCIA Y RIESGO INMINENTE DE DAÑO IRREPARABLE A LOS DERECHOS DE LOS PROPUESTOS BENEFICIARIOS (ARTÍCULO 25.2 DEL REGLAMENTO).

La presente solicitud reúne las características de gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable en atención a los hechos y el contexto en el que se desarrolla la movilización de miles de personas provenientes, en principio de Honduras, pero a la que se han sumado personas de otros países de Centro América, a través del territorio mexicano.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido en su Opinión Consultiva OC-18/03 (párrafo 112) que los migrantes se encuentran en una situación de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos, en una condición individual de ausencia o diferencia de poder con respecto a los no-migrantes (nacionales o residentes).

En la Opinión Consultiva de referencia (párrafo 114), se invoca lo señalado por la Asamblea General de Naciones Unidas¹⁴ en la que se expresó la preocupación por las manifestaciones de violencia, racismo, xenofobia y otras formas de discriminación y trato inhumano y degradante de que son objeto los migrantes, especialmente las mujeres y los niños, en diferentes partes del mundo, por lo que dicha Asamblea General reiteró:

“[…] la necesidad de que todos los Estados protejan plenamente los derechos humanos universalmente reconocidos de los migrantes, en particular de las mujeres y los niños, independientemente de su situación jurídica, y que los trate con humanidad, sobre todo en lo relativo a la asistencia y la protección […]”

Es por ello, señala la Corte IDH, que la comunidad internacional ha reconocido la necesidad de adoptar medidas especiales para garantizar la protección de los derechos humanos de los migrantes (párrafo 117).

De acuerdo al artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) los Estados Partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimientos o cualquier otra condición social.

En el Caso Vélez Loor¹⁵ la Corte IDH señala que en el ejercicio de su facultad de fijar políticas migratorias, los Estados pueden establecer mecanismos de control de ingreso a su territorio y salida de él con respecto a personas que no sean nacionales suyas, siempre que dichas políticas sean compatibles con las normas de protección de los derechos humanos establecidas en la Convención Americana. En ese sentido, indica la Corte que si bien los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, los objetivos perseguidos por las mismas deben respetar los derechos humanos de las personas migrantes (párrafo 97).

Asimismo, y debido a la gran presencia de niñas, niños y adolescentes, incluso no acompañados, se confirma aún más la situación de gravedad, sobre todo si consideramos que la Corte IDH en la Opinión Consultiva OC-21/14, señala que cuando se trata de toda persona menor de 18 años de edad, los Estados deben priorizar el enfoque de los derechos humanos desde una perspectiva que tenga en cuenta en forma transversal los derechos de niñas y niños y, en particular, su protección y desarrollo integral, los cuales deben primar por sobre cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar la plena vigencia de sus derechos (Opinión, párrafo 2).

Por lo tanto,

“Los Estados se encuentran obligados a identificar a las niñas y niños extranjeros que requieren de protección internacional dentro de sus jurisdicciones, a través de una evaluación inicial con garantías de seguridad y privacidad, con el fin de proporcionarles el tratamiento adecuado e individualizado que sea necesario acorde a su condición de niña o niño y, en caso de duda sobre la edad, evaluar y determinar la misma; determinar si se trata de una niña o un niño no acompañado o separado, así como su nacionalidad o, en su caso, su condición de apátrida; obtener información sobre los motivos de su salida del país de origen, de su separación familiar si es el caso, de sus vulnerabilidades y cualquier otro elemento que evidencie o niegue su necesidad de algún tipo de protección internacional; y adoptar, en caso de ser necesario y pertinente de acuerdo con el interés superior de la niña o del niño, medidas de protección especial[…]” (Opinión, Párrafo 3)

Por las razones expuestas la intervención cautelar de la CIDH para proteger a los propuestos beneficiarios es indispensable y oportuna, dado que se encuentran en riesgo de sufrir un daño irreparable. La situación descrita configura claramente los elementos necesarios para esta medida: a) fumus boni iuris ya que es un hecho notorio internacional los graves acontecimientos ocurridos en territorio mexicano que ponen en riesgo la vida e integridad personal de quienes conforman la caravana migrante, principalmente niños y niñas acompañados y no acompañados, mujeres y adultos mayores; y b) periculum in morademostrado ya que está en riesgo la vida e integridad personal de los propuestos beneficiarios.

En el presente caso, tal como se desprende de los hechos descritos, es indispensable la adopción de medidas cautelares para proteger diversos derechos humanos, tanto de las personas que integran la caravana migrante, como de los defensores y defensoras de derechos humanos que se han visto involucrados; tal como se aprecia a continuación:

1)riesgos a la vida e integridad por las condiciones de vida que padecen los y las integrantes de la caravana

Tal como se desprende de los hechos narrados, en el presente caso, se presentan diversos riesgos a la integridad y vida de las personas que conforman la caravana debido al hacinamiento y las condiciones insalubres e inseguras en que se les ha obligado sobrellevar el ingreso al país.

Así, por ejemplo, se han presentado casos graves de deshidratación, insolación y hambre dentro de los integrantes de la caravana. También se presentan afectaciones médicas que no han sido atendidas, como contusiones, lesiones musculares, dolores de cabeza, diarreas, desmayos, cuadros de agotamiento general.

En este tenor, las autoridades mexicanas han tenido conocimiento de tal situación y de los riesgos a la integridad y vida que se han presentado en dichos puntos fronterizos. Sin embrago, ante dicho conocimiento y su obligación de prevenir los daños a la vida e integridad de las personas, las autoridades han actuado conforme a un enfoque que privilegia el reforzamiento de las fronteras. En este sentido, aún después de varios días de presentarse la caravana en la frontera, la totalidad de esta no ha podido ingresar, muchas personas se encuentran varadas en el puente o viviendo en condiciones inhumanas en los puntos de ingreso al país. Si bien, diversos sectores de sociedad civil han intentado abordar esta problemática mediante provisiones y centros de acopio, esto no ha sido suficiente para cubrir la demanda que le gobierno está obligado a cubrir ante esta específica y especial situación de vulnerabilidad.

La perpetuación de estas condiciones representa un riesgo de vulneración grave a los derechos a la vida, a la integridad y a la salud de dichas personas, puesto que de seguir así, una consecuencia puede ser la muerte o el deterioro de su salud. En este sentido, resulta urgente que se adopten medidas cautelares que obliguen al Estado Mexicano a garantizar condiciones mínimas que permitan una vida digna de las personas que integran la caravana migrante, puesto que ya se están presentando tales condiciones indignas y los cuerpos de las personas no pueden resistir por mucho más. Por último, la irreparabilidad se observa en el presente caso, ya que, de continuar la situación como ahora, se pueden perder vidas humanas, situación que, por definición es irreparable.

Es importante destacar, además, que la caravana está compuesta en parte por niñas, niños y adolescentes, así como por adultos mayores y mujeres embarazadas, grupos de personas que presentan necesidades especiales de protección y una especial situación de vulnerabilidad que hacen particularmente urgente la necesidad de adopción de medidas que garanticen su vida digna.

2)Riesgo inminente de detenciones arbitrarias bajo la figura del resguardo migratorio

Por otra parte, las autoridades migratorias, para hacer frente al éxodo hondureño que significó la presencia de la caravana migrante en la frontera, han adoptado una política de detención automática, pese a tratarse de solicitantes de asilo, así como de niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas.

Tal como se desprende de los hechos narrados y de diversos centros de noticias, las autoridades migratorias han optado por detener en estaciones migratorias a las personas que forman parte de la caravana; asimismo, se han adaptado diversas instalaciones para fungir como estaciones migratorias que restringen la capacidad ambulatoria de las personas; sin embargo, en este sentido, estas detenciones son arbitrarias al ser colectivas, no estar sujetas a un control individualizado de su detención y materializarse contra múltiples personas necesitadas de protección internacional.

Así las cosas, en el presente caso, se configuran la presencia de gravedad, urgencia e irreparabilidad, puesto que mediante las políticas de detención, se expone a privación de libertad a niñas, niños y adolescentes, así como a adultos mayores y a mujeres embarazadas, situaciones que además de ser desproporcionadas, causan múltiples afectaciones a su integridad psicológica, desarrollo y posibilidades de defensa, pues particularmente las Estaciones Migratorias han fungido en México como un mecanismo que aísla a las personas de sus posibilidades de defensa jurídica.[12]

3)Riesgo inminente de uso desproporcionado de la fuerza y ejecución de tratos crueles, inhumanos degradantes y tortura

Adicionalmente, tal como se desprende de los hechos narrados y de diversos portales de noticias, las autoridades mexicanas respondieron a la caravana migrante mediante el aseguramiento de la frontera y el establecimiento de cientos de fuerzas policiales. En este sentido, se han presentado ya enfrentamientos y prácticas de uso de la fuerza que resultan desproporcionados para atender la problemática que se suscita en la frontera sur, en particular, debido a la presencia de niñas, niños y adolescentes, así como de adultos mayores y mujeres embarazadas.

En este sentido, las fuerzas policiacas han sido empleadas para replegar a la caravana y hacerla retroceder, así las cosas, estas fuerzas han hecho uso de gases lacrimógenos contra la caravana, afectando a múltiples personas que no representaban riesgo alguno contra dichas fuerzas policiacas. Adicionalmente, se teme que este uso de la fuerza aumente, poniendo en riesgo a las personas presentes.

Por esta razón, se vuelve necesaria la adopción de medidas cautelares que inhiban el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes estatales, pues de aumentar la tensión de la forma que ha sucedido, las autoridades pueden causar afectaciones graves a la vida e integridad de las personas en la caravana, afectaciones que resultarían irreparables de concretarse. Asimismo, se acredita la urgencia, toda vez que la tensión ha ido en aumento y es cuestión de poco tiempo para que se lleve a cabo una agresión de graves magnitudes.

C. BUENOS OFICIOS DE LA CIDH.

Debido a la gravedad de la situación y el riesgo a daños irreparables a la vida e integridad de las personas que forman parte de la caravana migrante, en particular de los niños y niñas, mujeres y adultos mayores, solicitamos los buenos oficios de la CIDH para efecto de convocar a una reunión de trabajo con representantes del Estado y de la sociedad civil peticionaria de las presentes medidas que permitan atender la presente crisis humanitaria de manera pronta y efectiva.

Es importante destacar que hasta el momento las autoridades competentes mexicanas, no han establecido canales de comunicación permanentes y transparentes con la sociedad civil organizada que permita coordinación para la atención efectiva de los propuestos beneficiarios.

Es de suma preocupación para las organizaciones peticionarias, que de acuerdo a los testimonios recabados a personas que integran la caravana migrante, que la ayuda humanitaria proporcionada por agentes del Estado está condicionada a que se entreguen a la autoridad migratoria para su detención y posterior deportación de territorio mexicano, por lo que aquellas personas de la caravana que deciden continuar su camino hacia los Estados Unidos para solicitar asilo en ese país, no se les proporciona lo más mínimo para su subsistencia como agua y alimento y permanecen en territorio mexicano bajo la advertencia y amenaza de una posible deportación masiva por violación a la ley migratoria desacato a la ley. Estos hechos son contrarios al derecho internacional en donde explícitamente se prohíben las expulsiones masivas, violando así el artículo 22.9 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

D. PETITORIO.

Por todo lo expuesto solicitamos a la honorable CIDH:

1. Que adopte medidas cautelares con el propósito de evitar daños irreparables a la integridad personal y a la vida de las personas y familias, que forman parte de la caravana proveniente de Centro América y que se ha internado a territorio mexicano.

2. Que adopte medidas cautelares con el propósito de que el Estado garantice a los propuestos beneficiarios que lo deseen, el acceso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiados.

3. Que adopte medidas cautelares para que se garantice a los propuestos beneficiarios, el principio de no devolución y evitar la deportación masiva sin observar el debido proceso legal de conformidad al artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4. Que convoque al Estado y a los solicitantes de las presentes medidas, a una reunión facilitada con los buenos oficios de la CIDH, para efecto de atender la presente crisis humanitaria de manera conjunta con la sociedad civil.

5. Que garantice el acceso a asistencia humanitaria a las personas que aún permanecen en el puente internacional Rodolfo Robles, desde el pasado 19 de octubre y aquellas que se encuentran en territorio mexicano sin discriminación alguna.

6. Se realice una visita in loco para verificar la situación de crisis de derechos humanos en la región fronteriza de México con Guatemala.

Aprovechamos la ocasión para reiterarle las muestras de nuestra más alta y distinguida consideración.

Organizaciones firmantes
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Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norte América (conformada por 42 organizaciones en 9 países de la región): Servicio Jesuita para Migrantes SJM, Costa Rica; Fe y Alegría Panamá/Servicio Jesuita a Migrante SJM, Panamá; Universidad Centroamericana UCA, El Salvador; Parroquia San Bartolome-Arcatao, El Salvador; Universidad Rafael Landívar, URL, Guatemala; Fe y Alegría, Guatemala; Asociación de Desarrollo Social de Ixcán (ADESI), Guatemala; Radio Progreso- ERIC, Honduras; Fe y Alegría, Honduras; Servicio Jesuita a Migrantes SJM, Nicaragua; Universidad Centroamericana UCA, Nicaragua; Servicio Jesuita a Migrantes y Servicio Jesuita a Refugiados México; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Hidalgo Pastoral Migrante; Albergue Tierra Blanca, Veracruz; Misión Santísima Trinidad Arena Chiapas; Parroquia Plátano y Cacao, Tabasco; Voluntariado Jesuita; Proyecto Kino, Nogales; Proyecto Huayacocotla, Veracruz; CAFEMIN, Ciudad de México; Parroquia Sagrada Familia, Ciudad de México; Centro de Día para Migrantes, Jesús Torres, Torreón; Albergue Oluta, Veracruz; Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi; Secours Catholique, Francia; Programa de Asuntos Migratorios, ITESO; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Torreón; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana León; Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S.J. Universidad Iberoamericana Puebla; Programa de Asuntos Migratorios, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana Ciudad de México; FM4, Paso Libre, Guadalajara; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Chiapas; Centro Sagrado Corazón, Richmond; Jesuit Refugee Service US and Canada; Iniciativa frontera Kino; Loyola University, Chicago; Red de Solidaridad Ignaciana; Jesuit Conference Office of Justice and Ecology; Universidad de Scraton; St. Mary Student Parish; Sacred Heart Church- Ministerio con Personas Migrantes y Refugiadas.

Grupo de Trabajo de Política Migratoria (GTPM): Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; Alianza Americas; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; SJM-SJR México, Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández y Matías Pérez Volonterio. Secretaría Técnica.

15^ Caso Vélez Loor vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010.