Foto: Zócalo
ACTUALIZACIÓN DE ÉXODO MIGRANTE
Tapachula, Chiapas, a 5 de noviembre de 2018
Organizaciones parte del Grupo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en Chiapas; hemos registrado el desalojo de la extensión del centro de detención Siglo XXI que se instaló en la “Feria Mesoamericana”. Durante la semana observamos la ejecución de medidas de alternativas a la detención a través de las cuales de canalizaron diariamente entre 80 a 100 personas a albergues de puertas abiertas y espacios acondicionados como tales. Si bien desde el principio manifestamos que la habilitación de esta feria como extensión del centro de detención migratorio no garantizaba la seguridad e integridad física y emocional de las personas refugiadas detenidas, condicionando la asistencia humanitaria a permanecer en esta condición de detención e impedía que las personas accedieran a información sobre su situación, lo cierto es que su cierre no fue planificado. De esta manera el sábado 3 y domingo 4 de noviembre nos percatamos de que, bajo términos distintos a las alternativas a la detención, fueron desalojados cerca de 2,000 personas (aproximadamente) que se encontraban dentro de la feria, mismas que han quedado mayormente expuestas.
Con esta acción, el Estado mexicano, como Estado receptor, incumple las obligaciones que tiene a garantizar servicios básicos como parte de los procesos de atención, recepción e identificación.
Es importe reiterar que a la fecha nos fue negada por parte de las autoridades responsables, toda información que nos permitiera conocer la situación de las personas que estaban detenidas en la Feria, desde el momento de su ingreso, estancia, y salida, hecho que se agrava como consecuencia de este cierre que ha sido de forma abrupta y arbitraria al no contar con una planificación previa de salida, que posibilitara a las personas tener claridad sobre la información necesaria para realizar y/o continuar el proceso de solicitud de refugio. Esta situación la hemos podido constatar con la atención directa que desde nuestras oficinas hemos tenido que implementar de forma emergente respondiendo a las condiciones antes señaladas.
Desde nuestros comunicados anteriores hicimos un llamado a que no se condicionara la asistencia humanitaria a la aceptación de la detención, solicitando, además que, a la salida de las personas de este lugar, se garantizara asistencia ya que, por la emergencia y el número de personas podían quedar en mayores condiciones de vulnerabilidad de las que ya se encontraban a su ingreso. Por esta razón, afirmamos que la retirada del Estado y el incumplimiento de su obligación de protección, expone la vida e integridad física de las personas, con especial estado de vulnerabilidad a niños, niñas y adolescentes.
Las organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales bajo una situación de contingencia, se han y nos hemos visto en la tarea de responder en logística, asistencia, asesoría y acompañamiento para las miles de personas que se encuentran en Tapachula y que al encontrarse en mayor estado de vulnerabilidad, por estar en situación de calle y carentes de servicios de asistencia básica, son un reto social, sobre todo porque se convierten en presas de mensajes xenofóbicos y políticas de criminalización que promueven una mayor segmentación social.
Retomamos nuevamente que “Ante estos contextos se reafirma la necesidad de transformar la política de Estado en materia migratoria, las medidas que aquí se tomen pueden representar una oportunidad para una reorientación y construcción por parte del Legislativo y Ejecutivo de una política de Estado centrada en las personas y sus derechos en México”1.
Por otra parte, en Ciudad Hidalgo seguimos observando la presencia de la Secretaria de Marina, Policía Federal y agentes del Instituto Nacional de Migración en el rio, quienes han instalado la vigilancia constante del paso de personas por las balsas y particularmente en el puente. Presencia que abona a la criminalización de las personas migrantes y refugiadas.
En otros puntos del monitoreo como la carretera Tuxtla – Tapachula; obtuvimos información sobre un grupo de 1,800 personas aproximadamente que conforman el segundo grupo del éxodo, que se encontraban caminando hacia Oaxaca entre las 8:00 y 9:00 de la mañana, con dirección a Tapanatepec. Este grupo se mantuvo con presencia de Policía Municipal, Federal y de Vialidad, así como Protección Civil. Dentro de este grupo, ante un menor seguimiento de necesidades humanitarias pudimos observar mayores problemas de salud, como resfríos y deshidratación.
También observamos que en el trayecto entre Arriaga y Huixtla se redujo de manera considerable la presencia institucional prestadora de servicios de salud y asistencia humanitaria así como de autoridades de Policía Federal e INM.
En Huixtla observamos la llegada del tercer grupo del éxodo conformada por un aproximado de 2,000 personas que en su mayoría señalaron ser de El Salvador, de quienes se monitoreó su difícil y riesgoso ingreso a México por el Río Suchiate desde el viernes 1o de noviembre. Hacia las 15:00 horas del día de hoy, habían cerca de 200 personas en la plaza central del pueblo, después de una hora sobre la carretera a 7 km del centro de la ciudad visualizamos el contingente mucho más grande quienes tuvieron que caminar más kilómetros sin facilidad de “aventones” debido a un bloqueo organizado por la CNTE, por tanto, se evidenciaron condiciones extremas de cansancio y deshidratación. A pesar de esto, percibimos entusiasmo por continuar la ruta. Cabe señalar que durante este tramo estuvieron custodiadas por Policía Federal y acompañadas por ACNUR, CNDH y Cruz Roja, al igual de que protección civil y Policía Municipal a su llegada al municipio de Huixtla
De acuerdo con testimonios de las personas, hay mayor hostigamiento por parte de Policía Federal e INM tanto a ellas, como a las personas de las comunidades en la ruta, con amenazas de que al solidarizarse están incurriendo en “tráfico de personas”. Es importante señalar que este hostigamiento afecta sobre todo a grupos que en la marcha se separan por agotamiento físico.
Con relación a este punto, es importante decir que la Ley de Migración, en su artículo 159, señala que no se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por razones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a la persona que se ha internado en el país de manera irregular […], haciendo una diferenciación en las medidas establecidas para su protección.
Algunas personas mencionan que hay otros individuos que se han acercado al grupo ofreciéndoles trámites más rápidos para el reconocimiento de la condición de asilo. Esta situación nos preocupa en particular porque sabemos que hay personas que se dedican a enganchar a personas a través de este tipo de ofrecimientos o a través de ofertas de trabajo, colocándolas en riesgo de ser víctimas de secuestro para trata sexual o labora. Si bien es un tema que ha sido señalado, hasta el momento no existe ningún tipo de medida que prevenga este tipo de actos.
Seguimos llamando a no olvidar la responsabilidad del Estado en garantizar los derechos y la protección de todas las personas, con especial atención a quienes como hoy se encuentran en estado de mayor vulnerabilidad.
Firman.
Iniciativas para el Desarrollo Humano, Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, AC, American Friends Service Committee oficina Latinoamérica y el Caribe, Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC, Formación y Capacitación A.C., Otros Mundos Chiapas, Médicos del Mundo Suiza, Médicos del Mundo Francia y España y Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
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1 Ver comunicado de GTPM. http://gtpm.mx/wp-content/uploads/2018/10/COMUNICADO_E%CC%81XODO- HONDURAS-22102018.pdf
