Fuente: Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria
Ciudad de México, 30 de septiembre de 2019.
- De enero a junio del 2019, se han registrado 32,507 eventos de privación de libertad de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias en México, superando ya el total registrado en 2018.
- Las Comisiones de Gobernación y Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados deben legislar para garantizar la no detención de personas menores de edad por cuestiones migratorias.
- El Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2020 debe redistribuir recursos para fortalecer a las Procuradurías de Protección a la Infancia y a los Centros de Asistencia Social.
Este mes de octubre, el gobierno de México deberá entregar al Comité de las Naciones Unidas de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW) un informe de medio término de una treintena de recomendaciones realizadas como resultado de su último informe presentado en septiembre del 2017. Varias de ellas están relacionadas con la situación que viven niñas, niños y adolescentes migrantes en México. La respuesta que las organizaciones de la Sociedad Civil enviaremos a este órgano internacional de vigilancia no será tan alentadora, sobre todo en el tema de detención migratoria y la falta de determinación del interés superior de la niñez.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), del mes de enero a junio del 2019 las autoridades mexicanas han presentado/ingresado a estaciones migratorias aproximadamente a 32,507 eventos de menores de edad, rebasando ya la totalidad del año 2018, en donde se registraron 31,717. Respecto al perfil detectado en 2019, destaca que el 41.4% son niñas, provenientes principalmente de Honduras. Más del 70% de niñas y niños presentados están acompañados
Estas cifras se traducen en privación de libertad de niñas, niños y adolescentes en estaciones migratorias en condiciones de hacinamiento, limitado acceso a la salud física y mental, separaciones familiares, sin acceso permanente al agua potable y recibiendo alimentos en mal estado. Éstas y otras situaciones han sido documentadas por organizaciones de sociedad civil y por el propio Consejo Consultivo del INM; las cuales de acuerdo con expresiones de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pueden traducirse en actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Sin dejar de lado casos como el del mes de mayo, en donde una niña de 15 años originaria de Guatemala falleció como resultado de la falta de atención médica oportuna en la estación migratoria de Las Agujas en la Ciudad de México.
A pesar de que existen normativas y políticas públicas en México encaminadas al cumplimiento de la obligación de no detención de niñez y adolescencia migrante, en la práctica esto no ha sido una realidad por diversas razones, una de las más importantes la falta de presupuesto suficiente para la operación de procuradurías de protección y de los centros de asistencia social.
Estas situaciones pudieran revertirse de manera paulatina si, por un lado, el Congreso de la Unión particularmente las Comisiones de Gobernación y de Asuntos Migratorios, aprobaran el Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en materia de infancia migrante, en los términos en los que se envió por el Senado de la República en el mes de abril del año 2018. Cumpliendo así con diversas responsabilidades internacionales, como la Opinión Consultiva 21 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluye prohibir la detención de niñas, niños, y adolescentes en estaciones migratorias y lugares habilitados.
Por otro lado, la discusión del presupuesto en la C. de Diputados tendría que estar encaminada a un escenario en el que ya no habrá niñas, niños y adolescentes en las estaciones migratorias, por lo que el presupuesto destinado actualmente a estos espacios y a la contratación de Oficiales de Protección a la Infancia, puede reorientarse a los rubros de la Procuraduría de Protección a la Infancia (PP) y a los Centros de Asistencia Social del Ramo 12 del Sector Salud.
En otras palabras, se pueden redistribuir los recursos destinados al Ramo 04, particularmente de políticas y servicios migratorios, a las Procuradurías de Protección a la Infancia que, de acuerdo con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento, tienen las facultades para evaluar y determinar el Interés Superior del Niño, así como elaborar planes de restitución de derechos tanto en México como en otro país.
De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en su Informe sobre el costeo de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en las entidades federativas, en un escenario óptimo, el conjunto de las PP requeriría un presupuesto de $2,487 millones de pesos. Este financiamiento, debiera utilizarse para la parte operativa (servicios personales, materiales y suministros y otros servicios básicos) y en proyectos (inversión y el gasto en proyectos específicos, como pueden ser acciones de capacitación, adecuación de espacios físicos o compra de equipo). Sin embargo, de acuerdo con este informe, la asignación presupuestal no es suficiente si no se acompaña de acciones encaminadas a la reglamentación de la representación coadyuvante; mecanismos de coordinación y presupuesto para la atención a niños, niños y adolescentes en situación de migración; el otorgamiento de autonomía presupuestaria; y el fortalecimiento de sistemas de monitoreo y evaluación.
La armonización legislativa en materia de infancia migrante y refugiada, así como la reasignación presupuestal y la transparencia en el uso de recursos que, pudieran proponer desde el Congreso de la Unión, contribuirá a responder de manera satisfactoria a los distintos compromisos de México ante el Sistema Universal e Interamericano de Derechos Humanos, pero sobre todo podrá avanzar en la congruencia de su política migratoria de respeto a los derechos humanos de niñez y adolescencia migrante.
Organizaciones que forman parte del Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria: Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Migrantes México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández. Secretaría Técnica.
Datos de contacto:
Claudia Martínez M.
Responsable de Comunicación Estratégica
comunicacion@gtpm.mx
55 3192 7702
@GTPM_MX