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El estado de Tabasco es corresponsable en esta nueva forma de criminalización a las personas y colectividades defensoras de los derechos de migrantes.
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La 72 cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
En el transcurso de las semanas recientes hemos documentado diversos hostigamientos y amenazas contra La 72, Hogar-Refugio para personas migrantes, ubicada en Tenosique, Tabasco. Las 87 organizaciones que conforman la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), expresamos nuestro apoyo y solidaridad ante esta nueva ola de agresiones, derivadas de su trabajo en defensa de los derechos de las personas migrantes.
Desde su apertura en 2011, La 72 ha acompañado a más de 100 mil personas migrantes en su paso por México en busca de condiciones de vida digna. La 72 ofrece asistencia humanitaria, asesoría y gestión migratoria, realiza acciones de incidencia nacional e internacional y también ha denunciado a autoridades, crimen organizado y redes de trata y tráfico de personas. Todo ello con el objetivo de generar mejores condiciones de tránsito para las personas que se ven obligadas a hacerlo. Realizan un trabajo totalmente gratuito con un alto sentido de dignidad. Desafortunadamente, han recibido amenazas y hostigamientos por parte del crimen organizado, y autoridades estatales y federales.
Sin embargo lo que hoy nos resulta sorpresivo e inaceptable es que, en el contexto de la actual política de control y disuasión de la migración, y tras los señalamientos públicos vertidos por el Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre un presunto mal manejo de dinero en albergues, instancias públicas del estado de Tabasco, busquen criminalizar y difamar a esta organización que es parte de la Red TDT.
En este sentido, el anuncio de la Unidad de Inteligencia Financiera de Tabasco (UIFT)FOOTNOTE: Footnote criminaliza a priori el trabajo de las personas y organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes. Es claro que sus señalamientos en torno a lo que llaman la “detección de operaciones de lavado de dinero en albergues para la atención de migrantes en territorio tabasqueño” tienen el claro objetivo de criminalizar el legítimo trabajo de defensa de los derechos de las personas migrantes, así como debilitar la estructura civil de protección y acogida a personas migrantes en México.
De la misma forma, las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) Alejandro Encinas, en las que se basó el comunicado de la UIFT resultan preocupantes. Si bien Encinas las negó por medio de un tuit en el que señaló “Yo nunca he hecho las declaraciones ahí señaladas y mucho menos la Subsecretaría de Derechos humanos, población y migración de @SEGOB_mx hace trabajo de inteligencia financiera”, lo que se requiere es un posicionamiento institucional claro por parte del Subsecretario que, en términos legales, es el responsable máximo de temas de migración y derechos humanos en nuestro país.
Nos resulta muy llamativo que tras situaciones recientes que pretenden poner en entredicho la labor que realiza La 72, venga este acto intimidatorio y criminalizante desde el ámbito estatal. Nos referimos concretamente a la nota de un periódico estatal, así como perifoneos locales, en los que se realizan acusaciones infundadas contra el albergue, pero particularmente contra su director, Ramón Márquez. Además de esto, La 72 enfrenta de forma reiterada a actos de vigilancia, acoso y amenazas.
Así, el hostigamiento y las agresiones oficiales que hoy se concretan contra La 72, se constituyen en un mensaje muy claro para las personas y colectividades defensoras de migrantes: por encima de la soberanía, están los acuerdos con Washington y será criminalizado quien suponga un obstáculo a los deseos de Trump.
Por ello, hoy más que nunca:
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Exigimos el cese inmediato del proceso de criminalización contra La 72 y las personas y colectividades defensoras de derechos humanos de personas migrantes.
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Instamos al Gobierno de la República a reiterar su compromiso con los derechos humanos, evitando criminalizar a un sector fundamental de la sociedad que ha mostrado un profundo compromiso con quienes llegan a México en busca de refugio, lo cual es emblemático del pueblo mexicano.
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Exigimos que se establezca un proceso de diálogo entre gobierno y organizaciones de la sociedad civil, orientado a distinguir los patrones que ocurren en el contexto del acompañamiento solidario a las personas migrantes en tránsito, de aquellos que utiliza el crimen organizado para sus actividades.
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Finalmente hacemos un llamado a la sociedad para cerrar filas en torno a las personas defensoras de migrantes. La historia de nuestro pueblo no debe estar escrita por un despotismo indolente, sino por una solidaridad receptiva y generosa.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):
Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).