[NOTA] El caso del desplazamiento forzoso de la comunidad Laguna Larga será nuevamente estudiado por la CIDH

Por: Marielos Monzón

Sigue la crisis humanitaria en la comunidad de Laguna Larga y al gobierno guatemalteco poco parece importarle. Un brote de varicela amenaza ahora con extenderse entre las 111 familias que habitan, desde junio del 2017, en condiciones infrahumanas, en la línea fronteriza entre Guatemala y México.

Más de 400 personas, en su mayoría niñas y niños, sufren hambre, enfermedades y abandono. No tienen acceso al agua potable y cada día que pasa, estando a la intemperie, se acrecientan y se multiplican sus problemas. La salud está deteriorada, el agobiante calor y las plagas han hecho mella y ahora, desde hace algunas semanas, se propagó la varicela.

Es larga la lista de violaciones a las garantías fundamentales de las y los comunitarios de Laguna Larga. Se han irrespetado todos sus derechos. La semana pasada, tuvieron que ser trasladadas a un hospital público del municipio de Candelaria, México, varias personas, sobre todo niños, que presentaban un cuadro de fiebre, hinchazón y heridas en la piel. Fueron organizaciones sociales y autoridades locales mexicanas las que hicieron el traslado.

Las familias de Laguna Larga no están allí porque quieren. Sufrieron un desplazamiento forzado. Un contingente de más de mil 400 policías y 400 soldados llegó el 2 de junio del 2017 a Petén para desalojarlos del lugar donde habitaban desde hace décadas. Los comunitarios se vieron obligados a huir de forma apresurada y las fuerzas armadas quemaron después sus casas y sus pertenencias. Los dejaron sin nada.

A pesar de que una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó el lugar en agosto del 2017, constató la calamitosa situación por la que atraviesa la comunidad y le otorgó medidas cautelares de protección, las autoridades guatemaltecas continúan con su pasividad e indiferencia. “La Comisión solicita al Estado guatemalteco que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y a la integridad de las personas beneficiarias”, se lee en el documento.

Pero después de 23 meses —casi 700 días— de aquel desplazamiento forzado, la comunidad de Laguna Larga sigue sin recibir protección y atención. Las familias claman por una respuesta a su demanda principal: retornar al lugar del cual fueron desalojados para continuar con su trabajo y con su vida cotidiana, esa que les fue arrebatada. Pero no solo no les dejan volver, tampoco les ofrecen una alternativa.

El gobierno, a través de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh), permanece en el letargo, pero eso sí, en cada audiencia ante la Comisión Interamericana hace un rosario de promesas y dice un montón de falsedades.

Después del desplazamiento forzado, la comunidad de Laguna Larga sigue sin recibir atención.

Seguramente lo mismo pasará esta semana durante la realización del 172 período de sesiones de la CIDH que se realizará en Jamaica, en el que participará una delegación de Guatemala. Cuando los comisionados le pregunten a las autoridades guatemaltecas sobre los avances, las soluciones y las respuestas que han brindado a la comunidad Laguna Larga, recibirán evasivas y, probablemente, escucharán más mentiras. La respuesta real es solo una: no hemos hecho nada y las condiciones de la gente de Laguna Larga han empeorado.

¿Pero qué otra cosa puede esperarse de este desgobierno interesado únicamente en perpetuar su impunidad? En lugar de acudir al llamado de las familias de Laguna Larga y constatar personalmente la situación, Jimmy Morales prefiere reunirse en una finca a comer gallina con crema y loroco con un político local vinculado con el narcotráfico. La comunidad de Laguna Larga merece una respuesta urgente, inmediata e integral. Ojalá la CIDH la exija.