Boletín de prensa
5 de noviembre, 2018
Organizaciones de infancia, señalan preocupación por escaso cumplimiento del Estado mexicano ante Examen Periódico Universal
- El 7 de noviembre el Estado mexicano será sometido al Examen Periódico Universal por los países que integran la Organización de las Naciones Unidas.
- OSC mexicanas presentan sus informes de la situación de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en México e instan al cumplimiento de las recomendaciones hechas al Estado.
El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo de Naciones Unidas para evaluar la situación de los Derechos Humanos en los 193 países que le integran. Permite la participación de las organizaciones de sociedad civil y de la comunidad internacional, haciendo recomendaciones sobre temáticas prioritarias para mejorar las condiciones de vida de la población. El 7 de noviembre el Estado mexicano será sometido a dicho Examen, será la segunda ocasión en que responda el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
Ante ello, las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) que trabajan a favor de la garantía de los derechos de la infancia observan con preocupación el escaso nivel de cumplimiento de las recomendaciones aceptadas por México en los dos últimos EPU (2009 y 2013).
Mónica Yerena, Enlace institucional de Educando en los Derechos y la Solidaridad (EducaDyS), punto focal de la Fundación Marista por la Solidaridad Internacional (FMSI) en México, señaló que “la vida de la mitad de la población en el país, cerca de 40 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, ha sido fuertemente impactada por el contexto de criminalidad, impunidad, violencia e inseguridad. Frente a ello, el Estado está obligado a reconocer la gravedad de la situación y a cumplir las recomendaciones, mediante la disposición de mecanismos de seguimiento efectivos que consideren la participación infantil y de la sociedad civil”.
Mauricio Pineda, Coordinador General de FM4 Paso Libre, afirmó que “tan solo en 9 meses de 2018, hemos recibido a más de 400 niñas, niños y adolescentes; en quienes detectamos una mayor vulnerabilidad, y cómo el Estado mexicano sigue privilegiando la condición migratoria y de viaje, sobre el principio del Interés Superior de la Niñez”.
Rafal Castelán, Consejero de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), exhortó al gobierno entrante a “cumplir con las recomendaciones pasadas y las que se deriven del EPU 2018; poniendo en marcha un plan integral para atenderlas, ya que no puede haber una cuarta transformación si no se garantizan plenamente los derechos niñas, niños, adolescentes y jóvenes”.
Para atender a la problemática mencionada, las OSC dieron a conocer sus informes, en los que destacan las siguientes recomendaciones al Estado mexicano:
- Asignar presupuesto progresivo y generar las condiciones para el efectivo funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en el nivel municipal, estatal y federal, incluyendo a las Procuradurías de Protección en los diferentes niveles de gobierno.
- Armonizar la Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con base en lo establecido en el marco jurídico internacional en materia de Derechos Humanos, y de los principios y derechos reconocidos en dichas normativas, privilegiando el Principio del Interés Superior de la Niñez.
- Impulsar la elaboración de los protocolos e implementación de los mecanismos de búsqueda y localización especializados para niñas, niños y adolescentes, establecidos en la recién aprobada Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con la participación activa de las organizaciones civiles y familiares, además de políticas públicas para la atención y protección a hijas e hijos de personas desaparecidas y asesinadas.
- Sumar a las OSC a las mesas regionales establecidas para revisar y mejorar la funcionalidad del programa Alerta Amber y extender lo más posibles a las entidades federativas la aplicación del Protocolo Alba.
- Aplicar, estrictamente y de forma prioritaria, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el nivel municipal, estatal y federal, especialmente, las acciones de prevención y sanción de todas las formas de violencia contra las mujeres, reconociendo los derechos de las niñas y adolescentes, previniendo la discriminación en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva; tomando medidas para prevenir y atender el embarazo adolescente.
- Eliminar las incertidumbres legales en los procedimientos referentes al Mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, mediante su evaluación y construcción, garantizando la participación de las OSC.
- Acompañar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes de políticas públicas en el ámbito estatal y federal, orientadas a la atención de los adolescentes que han cometido delitos graves.
- Diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de derechos de las juventudes para acabar con la violencia, la criminalización y el estigma contra las personas jóvenes.
Contacto con medios: Verónica Morales Cel/WA 55 56209309
:: Hoja de datos ::
Niñez Migrante
De 2009 a 2016, la detención de la niñez migrante no acompañada se ha triplicado. En este período se contabilizaron 281 mil detenciones[1].
Niñez Desaparecida
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas, a la fecha existe el registro de 6 mil 330 menores de edad desaparecidos en México. Y el 73.9% de estas desapariciones han ocurrido durante el mandato de Enrique Peña Nieto[2].
Violencia de género: embarazo adolescente y feminicidio
En el periodo 2015 – 2017, el Sistema Nacional de Seguridad reportó mil 640 carpetas de investigación por el delito de feminicidio[3].
Durante 2017, se estima que a escala nacional el 66.1% de las mujeres ha sufrido al menos un incidente de violencia emocional, física o sexual a lo largo de su vida[4].
Adolescentes en conflicto con la ley
En 2017, 50.2% de los adolescentes en el sistema de justicia penal sufrió algún tipo de violencia física al momento de su detención y 31.3% de los adolescentes con medida de internamiento, fue víctima de al menos un delito en el Centro de Internamiento[5].
Juventudes y la defensa de derechos humanos
De acuerdo con el “Análisis Situacional de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se tiene un registro de 34 homicidios en el periodo comprendido entre el 2006 al 31 de diciembre de 2017, de los cuales 14 casos corresponden a mujeres, lo que equivale al 40%.
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Entre 2009 y el 31 de diciembre de 2017 se registraron 4 personas defensoras desaparecidas[6].
[1] Fuente: REDIM, 2017 con base en: U.S. Customs and Border Protection. Stats and Summaries.
[2] Fuente: Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, RNPED-SEGOB. Bases de datos del Fuero común y federal. Fecha de corte enero de 2018.
[3]Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, Presuntos delitos y víctimas de feminicidio, 2015 – 2017.
[4] Fuente: INEGI, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, 2016.
[5] Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Adolescentes en El Sistema De Justicia Penal, 2017.
[6] Fuente: CNDH, Análisis Situacional de los Derechos Humanos de Periodistas y Personas Defensoras, 2017.
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