[COMUNICADO] La conmemoración de las personas refugiadas más triste para México

20 de junio de 2019 – Día Mundial de las Personas Refugiadas

• El incremento de las personas refugiadas que ingresan a México es consecuencia de la violencia de Estado, las pandillas y los grupos del crimen organizado en los países de Centroamérica.

• Los acuerdos bilaterales entre Estados Unidos y México acentúan la política de control y detención migratoria a través del despliegue de la Guardia Nacional en la frontera sur de México, agravando la crisis humanitaria y las violaciones a los derechos humanos de las personas que llegan desde Centroamérica con necesidades de protección

• Exigimos a los gobiernos de la región que asuman su responsabilidad para garantizar el derecho al asilo y definan políticas de respeto, protección e inclusión para las personas

La Asamblea General de Naciones Unidas declaró en el año 2001 su voluntad de conmemorar cada 20 de junio el Día Mundial de las Personas Refugiadas, en recuerdo de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, en la que se enuncian los principios fundamentales para la protección internacional de las personas que se ven forzadas a huir de sus países de origen en busca de refugio. Este año, la llegada de esta fecha nos lleva a conmemorar a las personas refugiadas en México de la forma más triste e indignante posible.

La extrema violencia que los Estados, las pandillas y los grupos del crimen organizado ejercen en Centroamérica se ha recrudecido, dejando a cientos de miles de personas y familias en la desprotección. El éxodo de personas desplazadas forzosamente hacia la frontera sur de México está alcanzando cifras inéditas en los últimos meses, adoptando en diversas ocasiones la forma de las llamadas caravanas. Tan solo de 2017 a 2018, el número de personas solicitantes de la condición de refugiadas en México incrementó 103%, y en 2019 se pronostica que las cifras se dupliquen. Ante esta tragedia humanitaria, la respuesta de los gobiernos federales de México y los Estados Unidos no puede ser más irresponsable.

Los acuerdos alcanzados entre ambos gobiernos, orientados a reforzar el control, la persecusión y la represión de las personas migrantes y refugiadas que llegan a México, a través de la intensificación de la militarización en el sureste, están condicionados por intereses económicos, y en ningún caso por el respeto a los principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al derecho de asilo. El Estado mexicano se ha sometido a las presiones políticas de Estados Unidos y ha cedido su soberanía en materia de control fronterizo, su política migratoria y de asilo. México se ha convertido en el agente de control fronterizo de los Estados Unidos y en el muro militar de Trump, corriendo el riesgo de convertir a México en un Tercer País Seguro.

Al colapso por falta de recursos humanos, financieros y de infraestructura de las instituciones facultadas para el reconocimiento de la condición de refugiado y para tramitar las regularizaciones migratorias asociadas, tales como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM); y al previo despliegue del conocido Plan Integral Frontera Sur que, a través de las detenciones y deportaciones sistemáticas, lleva años sembrando dificultades para impedir que las personas que huyen de Centroamérica puedan encontrar protección en México; cabe añadir el despliegue de un número ingente de efectivos de la nueva Guardia Nacional por toda la región fronteriza, cuyo objetivo es contener por completo el ingreso de las personas refugiadas. Preocupa particularmente el incremento en las detenciones migratorias por parte de agentes de la Guardia Nacional y Policía Federal de personas que han comenzado su procedimiento para solicitar la condición de refugiadas ante la COMAR, incluso quienes ya son reconocidas como refugiadas en México.

Estas medidas, junto a los planes de desarrollo previstos en la región como barreras de contención, muestran un escenario en el que a las personas víctimas de la violencia en Centroamérica solo les quedan tres opciones: 1) o resistir sin salir de sus países de origen bajo amenaza de muerte y sin acceso a protección ni derechos; 2) o huir y enfrentarse al muro militar que México les impone, con el riesgo de ser devueltos a la violencia de la que intentaron escapar en Centroamérica; 3) o mantenerse en el sur de México, convertidas en mano de obra barata al servicio de los megaproyectos económicos con estatus migratorios que no garantizar el principio de no devolución. En definitiva, las políticas que Estados Unidos y México están diseñando de manera reactiva e improvisada, están generando una cantidad desmesurada de sufrimiento y de violaciones a los derechos humanos de las personas refugiadas, acrecentando la tragedia humanitaria que hoy por hoy sufren las personas refugiadas de la región.

Como organizaciones sociales de defensa de los derechos de las personas migrantes y refugiadas reconocemos que, bajo estas condiciones y la creciente hostilidad que representa el actual contexto, nuestras capacidades están rebasadas. Cada vez resulta más difícil cumplir nuestra misión y ejercer nuestro derecho a defender derechos de manera segura, frente al desprecio, desacreditación y criminalización de diversos actores del gobierno federal hacia nuestro trabajo como personas defensoras. Preocupa también el incremento en la discriminación y xenofobia contra miles de familias que buscan refugio en nuestro país, y la pérdida de los valores de hospitalidad de la sociedad mexicana hacia las poblaciones migrantes y refugiadas.

Bajo estas circunstancias, las organizaciones firmantes de este comunicado, exigimos:

• Al Gobierno Federal de México, que reoriente su política de gestión migratoria y en materia de refugio para hacerla compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y asuma efectivamente sus responsabilidades como Estado signatario de la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el Protocolo de Nueva York sobre el Estatuto de los Refugiados de 1967, la Declaración de Cartagena de 1984, y la Declaración de Brasilia de Así mismo, que detenga las detenciones contra personas solicitantes de la condición de refugiadas en México y evite a toda costa violar el principio de no devolución. Hacemos un llamado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y al Poder Legislativo para que en el próximo ejercicio fiscal se pueda reflejar un incremento considerable que garantice el fortalecimiento del sistema de asilo en el país.
• Al Gobierno de los Estados Unidos de América, que asuma sus responsabilidades en materia de acogida y protección a las personas refugiadas, y que desista de su política exterior con Latinoamérica basada en el sometimiento, presión y chantaje a los países de la región.
• A los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que cesen en sus actitudes criminales y vulneración de derechos contra sus propios connacionales, que asuman la responsabilidad de protegerles contra la violencia, las pandillas y el crimen organizado, y que inicien un camino para disminuir paulatinamente las causas estructurales del desplazamiento forzado en Centroamérica.
• Exigimos a todos los gobiernos de la región que asuman su responsabilidad para garantizar el derecho al asilo y definan políticas con presupuesto adecuado para garantizar el respeto, protección e inclusión para las personas

 

Hoy 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, las organizaciones firmantes no tenemos nada que celebrar.

 

 FIRMAMOS:

Alianza Américas

Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano

American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina Latinoamérica y el Caribe, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Junax, Kaltsilaltik, Médicos del Mundo – España y Francia (MdM), Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes.

Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura

American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina Latinoamérica y el Caribe, Casa del Migrante de Saltillo, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, FM4, Paso Libre, Grupo de Acción Comunitaria (GAC), Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana, Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Servicio Jesuita a Refugiados México (SJR) y Voces Mesoamericanas – Acción con Pueblos Migrantes.

Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria – GTPM

Aldeas Infantiles SOS México, I.A.P.; American Friends Services Committee; Asylum Access México (AAMX) A.C.; Casa del Migrante Saltillo (Frontera con Justicia A.C.); Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro Defensa del Migrante de Baja California; Fundación Appleseed México, A.C.; DHIA. Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; Save The Children México, Sin Fronteras, IAP; Servicio Jesuita a Migrantes México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés; Elba Coria; Manuel Ángel Castillo, Investigador; IDC International Detention Coalition (Observadoras). Melissa Vértiz Hernández. Secretaría Técnica.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 87 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

Desde la Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiados en el Sureste Mexicano:

Proyecto Cátedras CONACYCT, La Protección Jurídica de las Niñas y Mujeres Migrantes en la Frontera Sur. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma De Chiapas (UNACH)

Seminario Universitario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación (SUDIMER) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)