CIDH otorga medidas cautelares a favor de familias desplazadas de Laguna Larga, Guatemala

 

Comunicado

  • Solicita acciones para evitar daños irreparables a derechos de desplazados
  • Prima facie se observa que los derechos a la vida e integridad de desplazados se encuentran en situación de gravedad y urgencia
  • Solicita al Estado de Guatemala solución duradera, acordada con las personas desplazadas e investigación de los hechos para prevenir repetición.

Adoptar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida, integridad física y salud así como alcanzar una solución duradera para la situación de las personas desalojadas y desplazadas de Laguna Larga, Petén, Guatemala son algunas de las solicitudes que ha hecho de manera cautelar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Guatemala, en la resolución 36/2017 que dio a conocer el pasado 25 de septiembre de 2017, como respuesta a la solicitud presentada el pasado 10 de junio del mismo año.

La comunidad de Laguna Larga fue desalojada por cerca de 1,500 efectivos del ejército y de la policía de Guatemala hace casi cuatro meses (2 de junio de 2017) y, desde entonces, se estableció en la franja fronteriza entre México y Guatemala, muy cerca del ejido El Desengaño en Candelaria, Campeche, y se encuentra en situación de desplazamiento y en condiciones precarias que ponen en riesgo la vida, la salud y la integridad de 450 personas, en su mayoría niñas y niños.

De acuerdo con la Comisión, que también urgió al Estado de Guatemala a investigar los hechos que dieron origen a la adopción de esta resolución, este caso reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad que lo llevan a dictar la medida cautelar 412-17 para evitar violaciones irreparables a los derechos de las personas desplazadas.

Previo a emitir estas medidas cautelares, la CIDH realizó una visita in loco a Guatemala que incluyó a la comunidad de Laguna Larga el pasado 1 de agosto.

Sobre la misma señala que “de acuerdo con la información recabada durante la visita, detrás de la ejecución de los desalojos suelen haber intereses de diversos proyectos [de] inversión de monocultivos, mineros, hidroeléctricos, petroleros o de turismo, entre otros”.

Al concluir dicha visita la Comisión Interamericana expresó su preocupación por las condiciones en las que se encontraba la comunidad desplazada, en un campamento construido por ellos mismos en condiciones inhumanas y degradantes sobre todo por la falta de agua potable, energía y servicios sanitarios básicos, constatando que las viviendas de la comunidad de Laguna Larga fueron destruidas y quemadas junto con sus animales, y la escuela primaria fue ocupada por el ejército después del desalojo.

En esa ocasión otras comunidades en riesgo de ser desalojadas – cerca de 60 comunidades provenientes de los parques naturales Sierra Lacandón y Laguna del Tigre-  también acudieron a Laguna Larga y expusieron sus preocupaciones ante la CIDH.

Asimismo, la resolución 36/2017 refirió algunas de las respuestas por parte del Estado guatemalteco en las que pedía a la CIDH que la solicitud de medidas cautelares se mantuviera en “suspenso”, argumentando que las cerca de 110 familias se “movilizaron voluntariamente” antes de la llegada del operativo  y se niega a reconocer la destrucción, quema y ocupación de las viviendas, iglesias y escuela por parte del ejército y el CONAP.

Las medidas dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son, entre otras, las siguientes:

a) Adoptar las medidas necesarias para proteger la vida e integridad de todas las personas desplazadas, en especial de la infancia, lo que incluye: acceso a alimentación adecuada, salud, agua potable, alojamiento en condiciones adecuadas, acceso seguro a la zona que antes habitaban para recoger cosechas y pertenencias, educación y tratamiento médico

b) Adoptar las medidas necesarias para proteger a la población desplazada ante posibles actos de violencia de terceros o del Estado

c) Adopte las medidas necesarias para continuar con los diálogos y consultas con las personas desalojadas para llegar a una solución duradera para la situación de las personas desplazadas

d) Concierte las medidas a adoptarse con los beneficiarios y sus representantes

e) Informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición.

La solicitud de medidas cautelares fue presentada en junio pasado por La 72 Hogar Refugio para personas Migrantes, de Tenosique, Tabasco; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, de San Cristóbal, Chiapas; Resistencia Civil de Candelaria, Campeche, y el equipo Indignación, de Yucatán, organizaciones mexicanas, que también hemos urgido al gobierno de nuestro país a cumplir sus obligaciones internacionales en materia de asistencia humanitaria ante esta emergencia, así como de los niños y niñas nacidas en México que han radicado junto con sus familias en la comunidad de Laguna Larga.

La resolución de la CIDH puede ser descargada aquí

Fotografías de: La Hora, Radio Zapote y Kaos en la Red