ARTÍCULO: De la respuesta humanitaria a la reconstrucción con contraloría comunitaria: UNA PROPUESTA DESDE Y PARA CHIAPAS

Por: Miguel Ángel Paz Carrasco[1]

Publicado en: Brújula Ciudadana

 

Los sismos del 7, 19 y 25 de septiembre no sólo costaron casi medio millar de vidas humanas, miles de viviendas destruidas y daños severos en la infraestructura de numerosas localidades en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos, Puebla, el Estado de México y la Ciudad de México. El saldo hasta hoy es de 65 mil viviendas con pérdida total en siete estados del país.

La costa de Chiapas y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca fueron las regiones que sufrieron los principales daños tras el sismo del 7 de septiembre de 2017 de magnitud 8.4 con epicentro en el golfo de Tehuantepec. Según el Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. (CDH Digna Ochoa), se registran daños totales o parciales en 4 mil 700 viviendas de Tonalá, 4 mil 300 de Arriaga y 2 mil 100 de Pijijiapan. Otros informes de organizaciones civiles y brigadas solidarias en Chiapas, reconocen que los registros oficiales de daños se han concentrado en algunas ciudades y localidades medianas, quedando fuera muchos pueblos pequeños en los 80 municipios afectados por el sismo. Muchos de estos pueblos también fueron marginalizados durante la entrega de ayuda oficial en la etapa de emergencia humanitaria. Sólo llegaron apoyos provenientes de personas y colectivos solidarios. A casi dos meses del sismo, cientos de personas afectadas permanecen en las calles o se resguardan bajo lonas y techumbres provisionales en los patios de sus casas; tampoco han podido regresar a escuelas y centros de trabajo.

Son personas damnificadas, que ahora también se sienten olvidadas por las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Muchas de ellas no fueron visitadas por Protección Civil, o no cuentan con certificados y la información básica para acceder a recursos para la reconstrucción de sus casas [2]. La inútil y multimillonaria campaña publicitaria "Fuerza México, Chiapas está de pie", desplegada por el gobierno de Manuel Velasco Coello no se refleja en un verdadero proceso de recuperación y reconstrucción. Muchas localidades rurales parecen no estar de pie ni preparadas para la reconstrucción; permanecen en la etapa de la respuesta humanitaria y rescate de bienes materiales de su precarizado patrimonio. La magnitud de la devastación material producida por los fenómenos naturales está directamente asociada a los impactos sociales y ecológicos de la política económica en los territorios urbanos y rurales en Chiapas. "Aquí ya nos pegaron antes otros terremotos, los de las políticas de los gobiernos", decía una persona afectada en el ejido La Conquista del municipio de Pijijiapan.

"Escombros y semillas": lo que queda tras los sismos

Hace 32 años, a partir de lo sucedido por los sismos en México, Octavio Paz escribió su artículo "Escombros y semillas", que apareció en la edición impresa de El País del jueves 10 de octubre de 1985. Así dice un fragmento del mismo:

La reacción del pueblo de la ciudad de México, sin distinción de clases, mostró que en las profundidades de la sociedad hay -enterrados- pero vivos, muchos gérmenes democráticos. Estas semillas de solidaridad, fraternidad y asociación no son ideológicas, quiero decir, no nacieron con una filosofía moderna, sea la de la Ilustración, el liberalismo o las doctrinas revolucionarias de nuestro siglo. Son más antiguas, y han vivido dormidas en el subsuelo histórico de México. Son una extrañada mezcla de impulsos libertarios, religiosidad católica tradicional, vínculos prehispánicos y, en fin, esos lazos espontáneos que el hombre inventó al comenzar la historia.

Sin duda, el título de artículo expresa con fuerza lo ocurrido los últimos dos meses en nuestro país y en Chiapas. Los sismos dejaron escombros; unos ya han sido removidos, pero otros siguen ahí, los de la corrupción y la impunidad. Nos indignan las noticias que ponen al descubierto la complicidad entre gobiernos y constructoras, como el caso de empresas acusadas de sobornos -una de ellas es la española OHL-, que se benefician de los trabajos de reconstrucción en Morelos; la corrupción inmobiliaria con el enredo de intereses en la función pública y los negocios privados; la iniciativa privada administrando apoyos a damnificados; el nombramiento de familiares y amigos de políticos y funcionarios públicos como "coordinadores de la reconstrucción"; las irregularidades en estudios de seguridad estructural en escuelas y desarrollos habitacionales; las alteraciones y posteriores correcciones de información sobre la ayuda oficial de otros países, reportada generalmente en menor cantidad; las denuncias penales contra funcionarios que impidieron rescates y amparos contra el uso de maquinaria en las mismas labores; las discrepancias de registros entre el Fondo de Desastres Naturales y los gobiernos estatales en Morelos y Chiapas respecto al daño total en viviendas, con la intención de atraer mayores recursos; los censos de viviendas dañadas que incluyeron a 4 mil falsos damnificados en Chiapas y Oaxaca. Al final de cuentas, la emergencia y la reconstrucción terminan beneficiando a los responsables del desastre; la industria de la vivienda sale ganando y los sectores populares vuelven a ser los perdedores en esta nueva escena de la tragicomedia mexicana.

En Chiapas, redes sociales y medios periodísticos independientes han hecho públicos el escandaloso reparto de apoyos, despensas y tarjetas para reconstrucción con fines clientelares y electorales; la entrega de apoyos a bodegas y domicilios sin daños o inexistentes; vehículos oficiales con logos del gobierno trasladando despensas a lugares que no sufrieron afectaciones, entre otros hechos de carácter delictivo; los El edificio del sistema político local, colonizado por los políticos del PRI-PVEM y sus partidos satélite, está colapsado. Es posible imaginar lo que saldrá de sus escombros.

Pero los sismos también nos dejan semillas. Las reflexiones de Octavio Paz parecen estar vigentes en parte, y nos ayuda a explicar la ola de expresiones solidarias que desbordó a nuestro país durante la etapa de la emergencia y respuesta humanitaria. Sostener un esfuerzo solidario de estas dimensiones en las etapas de recuperación y reconstrucción que siguen a la de búsqueda y rescate, es realmente difícil [3]. Por eso, a la solidaridad y fraternidad es preciso agregar la imaginación política y la autoorganización social. Es posible. Son muchos los ejemplos de esfuerzos recientes en Chiapas que articulan estos elementos y decantan en procesos comunitarios, logrando además generar medios y herramientas pedagógicas, como atlas de riesgos locales, mapas interactivos, radiografías y censos alternativos de daños, guías para la documentación y denuncia contra gobiernos e inmobiliarias, por citar algunos.

Ante la destrucción, la esperanza, la autoorganización y contraloría comunitaria

Un aspecto menos trabajado, pero ya visualizado por organizaciones locales y colectivos solidarios es el psicosocial, que reconocen que la etapa de reconstrucción material no es posible sin una estrategia para afrontar la desgracia sufrida, la incertidumbre y la desesperanza de quienes perdieron familiares, amigos y su patrimonio. La pérdida del patrimonio material es también la pérdida de una historia de esfuerzos humanos materializados en una casa y en los bienes que resguarda. "Necesitamos reconstruir el ánimo, la alegría, la seguridad y la esperanza", es el llamado de la Brigadas Psicosociales del CDH Digna Ochoa, que convocan a terapeutas, psicólogos y artistas populares del clown, teatro, música, cine. Las brigadas psicosociales y otras iniciativas lúdicas como la creación de bibliotecas infantiles y centros de memoria comunitaria son algunas de las estrategias que se están promoviendo y concretando en la costa de Chiapas y otros municipios afectados.

La reorganización de la vida comunitaria es uno de los aspectos críticos que menos toman en cuenta los programas gubernamentales de reconstrucción. Su implementación opaca y con lógicas de control corporativo y clientelar, amplía las grietas de las estructuras de la cohesión y la participación local. Así como los programas federales y estatales de la política social han sido instrumentalizados en Chiapas para romper los tejidos organizativos de las comunidades, también los programas y recursos de la reconstrucción pueden sumarse a este fin perverso. Por eso, más allá del discurso oficial sobre la fiscalización de fondos para personas afectadas, es preciso que las comunidades y organizaciones conformen comités y órganos de vigilancia y contraloría ciudadana.

A los recursos dispuestos por el FONDEN para la reconstrucción de infraestructura y vivienda para afectados por sismos en el 2017, se sumarán 43,291 millones de pesos adicionales de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) del 2018, aprobados el pasado 19 de octubre de 2017 por la Cámara de Diputados. No hay que ser "mal pensados" para entender a qué se deben las discrepancias entre los censos del gobierno estatal y de las entidades federales implicadas en su administración, cuando Chiapas está metido de lleno en la contienda política que en el 2018 definirá la elección de gobernador, 40 diputados locales y alcaldes de los 122 municipios.

Recientemente, durante una gira de trabajo por el municipio de Las Rosas, el gobernador Velasco Coello planteó que “un esquema de transparencia y de fiscalización nos permitirá ponerle lupa al uso de los fondos para los damnificados y evitar desvíos y poder castigar los malos manejos” [4]. Sin embargo, en los esquemas de fiscalización que garanticen el uso transparente de fondos de la reconstrucción, planteados por las secretarías de la Contraloría y de Hacienda del Gobierno del Estado, el Auditor Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública Federal, no aparecen los actores ciudadanos. ¿Qué hacer entonces para hacer efectivos los derechos ciudadanos a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas?

Primeramente, recuperar la memoria social del agravio cometido contra las comunidades devastadas por el paso del Huracán Stan (2005), mediante el desvío y mal uso de 104 millones de pesos destinados a la reconstrucción en las regiones Sierra y Costa de Chiapas; delitos que llevaron a prisión al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía y a miembros de su administración [5]. Y más recientemente, en junio de este año, la irresponsabilidad y opacidad de la LXVI Legislatura del Congreso del estado de Chiapas para eliminar el fideicomiso estatal destinado a la atención de desastres [6], que contaba con 80 millones 468 mil 878 pesos autorizados y etiquetados dentro del Presupuesto de Egresos del Estado de Chiapas para el Ejercicio Fiscal 2017 [7]. La pérdida de la memoria social favorece la perpetuación de los mecanismos legislativos, administrativos y judiciales de la impunidad y de quienes son responsables de los agravios .

Y segundo, la creación y capacitación de comités y órganos independientes de contraloría comunitaria, que cuenten con las herramientas básicas de la trasparencia, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas. Sin ello, los gobiernos seguirán reproduciendo esquemas de corrupción y prácticas clientelares que lucran con la desgracia de las personas afectadas por fenómenos naturales, y previamente, por las políticas económicas que las excluyen y empobrecen.

En síntesis, muchas de las comunidades rurales y poblaciones urbanas en zonas gravemente afectadas por los sismos, sufren condiciones preexistentes de exclusión, desigualdad y pobreza. Pasar de una etapa de rescate y respuesta humanitaria a otra de recuperación y reconstrucción, no es posible sin el reconocimiento de las personas afectadas como titulares de derechos, y no como objetos de la ayuda y el control oficial. Las organizaciones comunitarias y colectivos solidarios estamos llamados a fortalecer la esperanza mediante estrategias psicosociales, y los tejidos de cohesión y participación mediante prácticas de memoria y contraloría comunitaria. Estas son las semillas que brotan de los escombros materiales y florecerán en nuevas formas societales en Chiapas y todo México.

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[1] Coordinador General de Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C. y miembro de la Coordinación General de la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género (MTMG) en la frontera Guatemala-México.

[2] A principios de octubre de 2017 inició la dispersión de recursos del Fondo de Desastres Naturales  (FONDEN) para la reconstrucción de viviendas en zonas afectadas. En Chiapas y Oaxaca, la SHCP anunció la autorización de una bolsa de 4 mil 500 millones de pesos. Los apoyos se entregan a las personas afectadas mediante tarjetas de débito: 120 mil pesos para quienes sufrieron daños totales; 30 y 12 mil cuando éstos son parciales o menores, respectivamente.

[3] Las "Tres R" de los planes y manuales para enfrentar desastres.

[4] Sala de Prensa del Gobierno del Estado de Chiapas/ 27 de septiembre de 201/  http://www.chiapas.gob.mx/noticias/se-transparentaran-fondos-para-la-reconstruccion-velasco

[5] La Jornada/ 8 de junio de 2011/ http://www.jornada.unam.mx/2011/06/08/estados/035n1est

[6] Se trataba de un mecanismo instaurado desde hace casi 20 años mediante el Decreto 382, publicado en el Periódico Oficial del Estado, Número 061 de fecha 11 de noviembre de 1998, en el que el Honorable Congreso del Estado autorizó al Ejecutivo Estatal constituir un Fideicomiso denominado “Fondo Estatal para la Atención de Desastres Naturales” (FOEADEN).

[7] Se recomienda la lectura del artículo del artículo de Héctor Estrada "Diputados dejaron sin fondos a víctimas de desastres en Chiapas", en En la Mira/ http://www.agenciaelestado.com.mx/diputados-dejaron-sin-fondos-a-victimas-de-desastres-en-chiapas/